El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó este lunes que, tras los primeros análisis forenses realizados en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, no existen indicios que apunten a que el lugar haya sido utilizado como crematorio clandestino o centro de exterminio, como se especuló en un principio.

Gertz Manero detalló que la toma de posesión del inmueble ocurrió hace poco más de dos semanas, y desde entonces, se ha avanzado significativamente en las investigaciones. Confirmó que se han detenido 15 personas, incluyendo al presunto líder de la célula criminal que operaba en la zona, capturado en la Ciudad de México, así como a otros sujetos relacionados en Zacatecas y Jalisco.

“La información con la que contamos hasta el momento nos permite establecer con precisión que se trataba de un centro de reclutamiento, operaciones y capacitación de un grupo delictivo”, explicó el fiscal durante su intervención en Palacio Nacional. No obstante, subrayó que las indagatorias aún no concluyen, ya que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan con los análisis especializados.

El caso ha generado amplia atención pública desde que se denunció el hallazgo de restos humanos en el lugar, lo que desató versiones no confirmadas sobre su posible uso como centro de exterminio. La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación luego de que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones civiles exigieran transparencia y rigor en el esclarecimiento de los hechos.

Gertz adelantó que en los próximos días se convocará a medios de comunicación para dar a conocer los resultados documentales de la investigación y compartir información que, dijo, puede resultar relevante tanto para las familias afectadas como para la opinión pública.

El fiscal sostuvo que el caso continúa siendo prioritario para la institución y reiteró el compromiso de mantener la indagatoria en el marco de la legalidad y la protección de los derechos humanos. Mientras tanto, el Gobierno Federal mantiene su colaboración con autoridades locales y organismos internacionales que siguen de cerca el desarrollo del caso.