Con el respaldo de Morena y sus aliados, el Senado de la República aprobó el nombramiento de magistrados electorales en 30 estados del país, en un proceso que ha desatado una oleada de críticas desde las bancadas de oposición. El debate no solo expuso la polarización política que atraviesa el país, sino que reavivó las preocupaciones por la independencia del poder judicial electoral.

En el centro de la polémica, el senador panista por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, denunció que las designaciones responden a una estrategia del oficialismo para afianzar su dominio sobre los órganos de justicia electoral. “Este es un paso más en el proyecto de Morena por apoderarse de todos los órganos de control del país”, advirtió el legislador.

El caso particular de Chihuahua encendió los ánimos. Vázquez Robles cuestionó duramente la designación de Adela Alicia Jiménez Carrasco como magistrada del Tribunal Electoral estatal, señalando la supuesta falta de documentación certificada y experiencia probada en materia electoral. Además, acusó que su cercanía política con el exgobernador y actual senador morenista Javier Corral compromete su imparcialidad.

“El riesgo es evidente. No solo se trata de perfiles con escasa preparación técnica, sino de personajes ligados directamente al poder político, lo que viola los principios básicos de autonomía judicial”, señaló Vázquez desde tribuna.

El legislador recordó que en 2018 Jiménez Carrasco ya había sido señalada por intervenir indebidamente en el Poder Judicial de Chihuahua durante el gobierno de Corral, situación que incluso mereció críticas públicas del entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Pese a los señalamientos de la oposición, los nombramientos avanzaron con apenas tres modificaciones en la lista original, consolidando —según Vázquez— la estrategia de Morena para influir directamente en los procesos electorales locales.

“Lo que está en juego no es un cargo, es la pluralidad política de este país. Con este control de los tribunales electorales, Morena podrá manipular los tiempos, las resoluciones y las condiciones de competencia electoral. Es un retroceso democrático”, sentenció.

La aprobación de los magistrados se da en un momento especialmente delicado para México, donde los recientes cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han generado un ambiente de desconfianza sobre la solidez de los contrapesos institucionales.

Para sectores críticos, los nombramientos en los tribunales locales configuran un nuevo escenario de alta tensión de cara a las próximas elecciones estatales y federales, donde la imparcialidad de las autoridades electorales será clave para garantizar procesos legítimos y equitativos.