El Congreso del Estado de Chihuahua acordó por unanimidad dar cumplimiento al mandato constitucional para armonizar su legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, en respuesta a las recientes reformas federales publicadas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

El compromiso legislativo surge tras la expedición de tres ordenamientos clave a nivel nacional: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Además, se incluyó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, consolidando una nueva arquitectura institucional en la materia.

La diputada Alma Portillo Lerma, promotora de la proposición aprobada, recordó que las legislaturas locales tienen un plazo de 90 días para adaptar sus leyes estatales a las nuevas directrices federales, garantizando así la plena operatividad del régimen nacional de transparencia. La legisladora enfatizó que este proceso no es solo una obligación jurídica, sino un compromiso con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“El momento exige determinación institucional y voluntad política para garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, como prerrogativas esenciales para una ciudadanía libre e informada”, declaró Portillo Lerma al hacer un llamado a sus colegas para asumir con responsabilidad este desafío legislativo.

La armonización busca establecer estándares homologados en todo el país, fortalecer los mecanismos de control y dotar de mayor solidez a los órganos garantes, en un contexto donde la transparencia y la protección de la privacidad se han convertido en pilares indispensables de la democracia moderna.

Con este acuerdo, el Congreso de Chihuahua se alinea con el proceso nacional de reorganización institucional, reafirmando su compromiso con la rendición de cuentas y la defensa de los derechos digitales de la ciudadanía.