La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, anunció que el Parque Bicentenario seguirá siendo un espacio público, luego de que el gobierno federal revocara la concesión que mantenía la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V., misma que había sido otorgada en los últimos días del sexenio de Enrique Peña Nieto y que quedó en entredicho tras el fallecimiento de dos fotógrafos durante el festival AXE Ceremonia, celebrado el pasado 5 de abril.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Curiel explicó que el espacio de 55 hectáreas fue cedido en condiciones desfavorables para el interés público, por apenas un millón y medio de pesos anuales, lo que permitía a la operadora explotar comercialmente un bien común sin los controles adecuados. Al respecto, detalló que con el retiro de la concesión, se busca no solo recuperar el control institucional del parque, sino replantear su modelo de uso, priorizando la función social, cultural y recreativa del espacio.

La funcionaria reconoció que, aunque podrán participar promotores privados bajo lineamientos normativos, el énfasis estará puesto en fortalecer la gestión pública del parque, garantizar su acceso gratuito y evitar que vuelva a convertirse en una fuente de lucro privado sin supervisión. Agradeció el respaldo de distintas instituciones gubernamentales en el proceso de recuperación, destacando que se trató de una decisión que prioriza el rescate de un bien común en manos del Estado.

El Parque Bicentenario, inaugurado en 2010 sobre los terrenos de la antigua refinería de Pemex en Azcapotzalco, había funcionado en los últimos años bajo un esquema de concesión mixta que permitía su renta para eventos privados, muchos de ellos con fines de lucro, lo que había generado múltiples críticas en torno a su accesibilidad, mantenimiento y uso.

El retiro de la concesión, sumado a la trágica muerte de dos asistentes al festival musical en abril, impulsó la decisión de redefinir la vocación del espacio, relanzarlo como un centro cultural y recreativo con vocación colectiva, y garantizar que su operación esté alineada con principios de transparencia, seguridad y responsabilidad institucional.

Con esta medida, el gobierno federal reafirma su compromiso de proteger los espacios públicos como bienes estratégicos del tejido social, frente a modelos de gestión que privilegian intereses privados por encima del derecho ciudadano al esparcimiento, la cultura y el disfrute común.