Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, reveló que una jueza federal concedió una suspensión provisional que impide continuar con la demolición de una presa construida de manera ilegal en una propiedad vinculada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Lo relevante, sostuvo el funcionario, es que se trata de la misma juzgadora que anteriormente frenó la distribución de libros de texto gratuitos en el estado, lo que ha levantado sospechas sobre una posible red de protección con motivaciones políticas.

“Esta presa se construyó en ese rancho sin permisos, con el claro objetivo de acaparar agua. También se detectaron tomas irregulares de aguas superficiales y pozos sin concesión, los cuales fueron clausurados”, indicó Morales. Agregó que el operativo para iniciar la demolición se realizó el lunes y que, en menos de 24 horas, se presentó la notificación judicial que ordenó detener los trabajos.

Morales precisó que fueron los hermanos del exgobernador quienes acudieron a interponer la medida legal y, de manera inusualmente expedita, lograron frenar la intervención. “Es parte de esta asociación que se tenía en el poder político, y es preocupante que se actúe con esa rapidez en favor de intereses particulares cuando se trata de una obra ilegal que compromete los recursos hídricos del estado”, denunció.

La presa, ubicada en una propiedad del exmandatario estatal actualmente procesado por corrupción y peculado, ha sido objeto de múltiples señalamientos por parte de la Conagua desde 2023. La demolición de la infraestructura formaba parte de un programa de recuperación de cauces y vigilancia del uso legal del agua en zonas agrícolas de alta presión.

Esta revelación se da en un contexto de mayor escrutinio sobre las redes de poder que aún persisten en algunas entidades, en particular en Chihuahua, donde la administración federal ha señalado resistencia judicial a ciertas políticas públicas de alcance nacional. La coincidencia de la jueza en ambos casos —libros de texto y demolición de infraestructura ilegal— ha encendido las alarmas sobre una posible parcialidad institucional.

En paralelo, la Conagua informó que ya ha recibido mil 622 planes estatales para proyectos de agua, como parte del fondo convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum, del cual el 30% está comprometido con acciones hídricas. Morales señaló que estas iniciativas representan ya más de cinco mil proyectos en registro, con más de seis mil acciones previstas, incluidas obras de tecnificación de riego y recuperación de cuerpos de agua.

La controversia en torno a la presa de Duarte no solo revela tensiones legales y políticas entre niveles de gobierno, sino que también expone la profundidad de las resistencias locales a la fiscalización de bienes públicos estratégicos como el agua. La capacidad del Estado para intervenir en defensa de esos bienes, en medio de intereses privados de alto perfil, será una prueba clave para la legitimidad de su renovada política hídrica.