La mañanera de este jueves dejó en claro que el tablero político de Chihuahua vuelve a estar bajo la lupa del centro. La presidenta Claudia Sheinbaum no solo confirmó que su gobierno presentó una denuncia penal contra César Duarte por la presunta retención ilegal de agua en presas privadas, sino que mandó un mensaje cifrado a los actores locales: los amarres del pasado van a salir a la luz y esta vez no habrá margen para pactos en lo oscuro.

Con voz firme, Sheinbaum dejó claro que el amparo concedido para proteger las presas del exgobernador no tiene sustento. La acusación es seria: la apropiación de agua destinada a cumplir con el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos. El recurso hídrico que debía fluir hacia el tratado quedó retenido en beneficio privado. "El agua no tiene por qué estar retenida para uso particular", sentenció. Y remató: se irá contra quienes resulten responsables, incluidos los que desde el Poder Judicial han dado cobertura legal a este tipo de maniobras.

Los reflectores ahora apuntan con fuerza a la jueza Madhay Soto Morales, vieja conocida en Palacio por haber sido también quien frenó la distribución de los libros de texto de la SEP. La señal es inequívoca: no se tolerarán jueces que jueguen a favor de intereses contrarios al proyecto de transformación. La advertencia abre una caja de Pandora que incomoda a más de un operador en Chihuahua.

No es un secreto que parte de la clase política local aún se mueve bajo las reglas tejidas en tiempos de César Duarte. Y si bien algunos han cambiado de camiseta para vestir los colores guinda, sus vínculos con las redes que dominaron el sexenio priista son conocidos en el centro. El costo de haber adoptado a ciertos cuadros empieza a hacerse evidente, y la 4T local corre el riesgo de cargar con esos pasivos rumbo a 2027.

El fallido intento de golpeteo con el audio filtrado —un presunto intercambio entre Javier Corral y Adán Augusto López sobre cómo operar mediáticamente el caso— terminó siendo un petardo que apenas agitó el avispero local. En Palacio Nacional lo clasificaron como fake news, sin darle mayor vuelo. Pero el mensaje de fondo es claro: los aliados de Duarte están midiendo fuerzas, aunque por ahora sin lograr alterar la narrativa.

En paralelo, las mesas de decisión en la Ciudad de México afinan la estrategia. Hay consenso en que el escenario electoral de 2027 en Chihuahua es clave. Se quiere evitar el error de Durango, donde la división interna dejó escapar una plaza que parecía ganada. Por eso, el objetivo es limpiar el camino antes de que la contienda formal arranque. Y si eso implica exhibir antiguos pactos o fracturar estructuras que aún operan en modo de lealtad condicionada, así será.

Por ahora, el cálculo en los cuartos de guerra es contener los daños colaterales. La guerra política en Chihuahua ya está desatada. Los próximos movimientos dirán quién logra sobrevivir al reacomodo. Lo único claro es que la narrativa ya cambió: de aquí en adelante, el caso Duarte será usado como bisturí para depurar el tablero local. Y quienes aún crean que pueden navegar con pactos del pasado están a punto de descubrir que el margen de maniobra se está cerrando.