Esta mañana, la diputada Brenda Ríos, acompañada por el exalcalde Marco Quezada y el dirigente Miguel La Torre, denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades graves en el Instituto Municipal de Pensiones (IMPE), relacionadas con la adjudicación de un contrato por casi 40 millones de pesos a una empresa que habría operado bajo una fachada empresarial.

Durante la conferencia de prensa, los dirigentes señalaron que el laboratorio de análisis clínicos que actualmente presta servicios al IMPE fue originalmente una agencia de publicidad creada en 2022, la cual cambió su razón social en 2024 para convertirse formalmente en un laboratorio químico. El 24 de septiembre de ese año, la empresa fue adquirida en su totalidad por Marcela Bonilla Ramos, y poco después resultó adjudicataria de un contrato por 39.5 millones de pesos.

“Una agencia de publicidad se convierte en laboratorio justo a tiempo para ganar una licitación. Las fechas y movimientos empresariales revelan que pudo haber información privilegiada. Esto es una fachada para desviar recursos públicos”, acusó Marco Quezada. A su juicio, el esquema evidencia un uso discrecional de los recursos municipales y la manipulación de procedimientos administrativos en favor de intereses particulares.

Brenda Ríos recalcó que la denuncia responde a la acumulación de quejas ciudadanas en torno al IMPE, cuyo servicio ha sido calificado por usuarios como deficiente. “Esto ya no es sólo un tema técnico, es desesperación por ver la inacción ante tantas denuncias. Queremos ser la voz de la ciudadanía”, dijo.

Miguel La Torre, por su parte, cuestionó la conducción del gobierno municipal encabezado por Marco Bonilla, al que calificó de “inepto”. Criticó duramente el uso del presupuesto, el más alto en la historia de Chihuahua, para “apenas tres obras” en más de un año, así como los frecuentes viajes del alcalde, a quienes acusó de abandonar sus funciones en medio de una crisis de inseguridad. “El funcionario público es 24/7. No puede irse por capricho personal”, sentenció, y lamentó que se destinen millones de pesos a conciertos como el de Alejandro Sanz mientras la ciudad carece de soluciones estructurales.

Además de exigir transparencia y auditoría sobre la licitación en el IMPE, los tres dirigentes coincidieron en que su mensaje es también político: llamado a la unidad dentro de Morena y las fuerzas opositoras de cara a los comicios de 2027. “Debemos construir unidad antes de hablar de candidaturas. Queremos ser oposición real y efectiva”, afirmó Quezada.

La denuncia será formalizada en los próximos días, anunciaron, en el marco de una estrategia legal que buscará responsabilizar a quienes resulten implicados por presuntos actos de simulación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La oposición busca así colocar en el centro del debate el uso de recursos municipales y la legitimidad de las decisiones del actual gobierno local.