La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, presentó este lunes los detalles de la iniciativa de ley que propone la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, un nuevo instrumento jurídico que busca fortalecer la estrategia nacional mediante mecanismos institucionales para la prevención y persecución del delito.
La iniciativa contempla una modificación al párrafo 13 del artículo 21 de la Constitución Política, con el fin de establecer formalmente un sistema articulado de inteligencia y análisis estratégico que opere bajo la conducción del Ministerio Público. “Permitirá impulsar uno de los ejes principales de la estrategia nacional de seguridad pública”, explicó Godoy durante su intervención en Palacio Nacional.
Según la consejera jurídica, el objetivo del sistema será detectar y desarticular amenazas a la paz pública y los derechos fundamentales de los mexicanos, mediante acciones que privilegien la inteligencia preventiva sobre la reacción punitiva. Se trata de consolidar un modelo de inteligencia que actúe con base en el respeto a los derechos humanos y que opere siempre como adyuvante del Ministerio Público, garantizando legalidad y control institucional.
La propuesta busca cerrar las brechas existentes entre cuerpos operativos, agencias de análisis y estructuras de procuración de justicia, en un esfuerzo por unificar criterios, metodologías y objetivos dentro de un marco constitucional. En ese sentido, se plantea no solo una reforma estructural, sino también una redefinición del papel de la inteligencia en la política criminal del Estado.
El nuevo sistema, de ser aprobado, representaría un avance hacia una arquitectura de seguridad más técnica y menos fragmentada, donde la inteligencia estratégica deje de operar en márgenes informales y cuente con anclaje normativo y mecanismos de rendición de cuentas. En la práctica, permitiría anticipar escenarios de riesgo, responder con mayor precisión a amenazas complejas y articular una política de seguridad pública más eficaz y garantista.
La iniciativa se inscribe en el esfuerzo del nuevo gobierno por consolidar un enfoque integral de seguridad, basado en la legalidad, la prevención y el respeto al debido proceso. La creación de un sistema nacional de inteligencia con funciones específicas y bajo supervisión constitucional sería un paso decisivo en esa dirección.
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