La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, tras una maratónica sesión de más de 17 horas, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que ahora ha sido turnada al Senado para su revisión final antes del cierre del periodo extraordinario.
El dictamen fue respaldado por una mayoría de 368 votos a favor frente a 101 en contra en lo general, y por 324 votos a favor y 117 en contra en lo particular, incluyendo una reserva presentada por la diputada morenista Petra Romero Gómez, que ajustó los artículos 6 y 23.
La nueva legislación mandata que las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno deben compartir con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) toda información útil para la investigación de delitos de alto impacto. Además, la SSPC podrá requerir datos a particulares bajo mecanismos legales establecidos, lo que desató críticas desde las bancadas opositoras.
Entre los datos que podrán solicitarse se incluyen desde información vehicular y biométrica hasta registros de propiedad, fiscales, bancarios y penitenciarios, así como datos que puedan derivar en productos de inteligencia.
La oposición, encabezada por legisladores del PAN, PRD y MC, cuestionó duramente el alcance de la ley. La diputada María Elena Pérez-Jaén (PAN) calificó la norma como "una amenaza al derecho a la privacidad", argumentando que el texto abre la puerta al espionaje institucional bajo el pretexto de combatir la criminalidad.
A pesar de las críticas, el bloque mayoritario de Morena y sus aliados defendió la iniciativa como una herramienta fundamental para consolidar la estrategia nacional de seguridad, basada en inteligencia, prevención y coordinación interinstitucional. Según sus promotores, el sistema permitirá una actuación más eficaz del Estado frente al crimen organizado, reduciendo la fragmentación actual en la recopilación de datos sensibles.
La minuta será ahora discutida en el Senado, donde deberá ser ratificada antes del próximo 2 de julio. El debate en la Cámara Alta se anticipa igual de intenso, dado el delicado equilibrio entre seguridad pública y derechos fundamentales que plantea la reforma.
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