En medio del debate sobre la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, rechazó tajantemente las acusaciones sobre una supuesta intención del gobierno de implementar mecanismos de censura o espionaje. Enfatizó que las modificaciones aprobadas no otorgan acceso directo a datos a ninguna autoridad sin el cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes.
“La reforma no permite ni espionaje ni censura. Lo que establece es una obligación ya existente desde 2014, cuando fue aprobada por las bancadas del PAN y el PRI: los operadores deben colaborar con las autoridades judiciales y de seguridad, pero siempre mediante un mandamiento escrito, fundado y motivado por un juez”, señaló el funcionario en conferencia de prensa. Subrayó que no hay modificaciones sustanciales respecto al artículo 190, el cual ya contemplaba dicha cooperación desde hace más de una década.
Peña Merino también desmintió que el nuevo órgano regulador o la Agencia a su cargo tengan acceso directo a información personal sin autorización judicial, como lo han sugerido algunos críticos de la iniciativa. Reiteró que cualquier acceso a datos deberá pasar por el filtro de un juez de control y estar relacionado con la comisión de un delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esta postura llega en un momento de alta sensibilidad pública respecto al uso de tecnologías de vigilancia y al historial de abusos en la intervención de comunicaciones privadas en sexenios anteriores. Desde el Ejecutivo federal se ha insistido en que las nuevas disposiciones buscan fortalecer la capacidad del Estado para combatir delitos graves, pero sin menoscabar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En una coyuntura política donde el escrutinio público sobre las reformas del nuevo gobierno es constante, el mensaje de Peña Merino pretende disipar dudas y marcar distancia con prácticas del pasado. No obstante, voces de la oposición y organismos civiles han advertido que mantendrán la vigilancia sobre la implementación de la ley, para evitar cualquier retroceso en materia de libertades digitales.
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