La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó con firmeza la reciente intervención a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, enfatizando que la medida fue adoptada para preservar la estabilidad del sistema financiero nacional frente a posibles riesgos derivados de acusaciones externas. “Son bancos pequeños, pero el objetivo es que no tuvieran impacto en el sistema financiero nacional”, declaró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
La decisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de intervenir temporalmente estas entidades el pasado 26 de junio se produjo tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que las vinculó con posibles operaciones de lavado de dinero presuntamente relacionadas con el tráfico de fentanilo. En respuesta, la presidenta subrayó la pertinencia de la acción preventiva, destacando la importancia de lo que sigue en este proceso de vigilancia.
Desde el ámbito federal, el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador, ha intensificado la comunicación con el sector bancario, manteniendo un diálogo estrecho con instituciones clave como la CNBV y el Banco de México. La mandataria destacó el nivel de cooperación y coordinación institucional alcanzado en los últimos días.
Por su parte, las instituciones financieras implicadas han rechazado categóricamente las acusaciones. Mientras tanto, la SHCP informó que, si bien el Tesoro estadounidense notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aún no ha proporcionado pruebas concretas que sustenten sus alegatos.
Ante esta situación, Sheinbaum Pardo exigió a las autoridades norteamericanas que presenten evidencia tangible. Consideró que hasta ahora solo se trata de “dichos” y advirtió que, de confirmarse actividades delictivas, su gobierno actuará sin tolerar la impunidad. Aunque no tiene prevista una reunión con banqueros en el corto plazo, dejó abierta la posibilidad de sostenerla si las circunstancias lo demandan.
La intervención, aunque preventiva, pone de relieve las tensiones en torno a la vigilancia financiera transfronteriza y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, al tiempo que proyecta la voluntad del gobierno mexicano de proteger el sistema bancario sin ceder a presiones sin sustento documental.
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