La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este martes que la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorgue facultades al Estado para espiar a la ciudadanía, y afirmó que cualquier intervención en las comunicaciones privadas debe contar con una orden judicial, salvo en casos excepcionales como desapariciones o secuestros.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó como “mentira” las versiones que advierten sobre una supuesta legalización del espionaje institucional. “Solo puede haber una intervención, una localización de GPS, bajo orden judicial, a menos que se trate de un desaparecido o de un secuestro. En esos casos, se pide directamente la información a la telefónica para atender la emergencia”, explicó.
La mandataria puntualizó que las reformas aprobadas no amplían las atribuciones del Ejecutivo ni habilitan mecanismos de vigilancia arbitrarios. En ese sentido, insistió en que será el Poder Judicial quien determine, caso por caso, la pertinencia de autorizar el acceso a datos de geolocalización o comunicaciones.
El pronunciamiento surge en respuesta a críticas de organizaciones civiles y voces opositoras que han advertido sobre riesgos en materia de privacidad y derechos digitales con los cambios legislativos recientes. Sheinbaum, sin embargo, aseguró que la intención de la norma es reforzar la capacidad de respuesta del Estado en situaciones de emergencia, no crear un sistema de control sobre la población.
Con esta declaración, la presidenta busca frenar una narrativa crítica que ha ganado terreno en ciertos sectores preocupados por el uso político de las herramientas tecnológicas en el pasado reciente, y desmarcar su gobierno de prácticas que históricamente han sido objeto de denuncia en México.
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