El hallazgo de 383 cuerpos apilados y sin incinerar en un crematorio de Ciudad Juárez ha detonado una oleada de indignación pública, marcada por la incertidumbre y el duelo revivido de cientos de familias que hoy cuestionan si los restos que recibieron realmente pertenecen a sus seres queridos. El escándalo, que involucra a al menos seis funerarias que presuntamente cobraron por servicios de cremación que nunca se realizaron, ha puesto en evidencia una grave omisión institucional en el control de prácticas funerarias en Chihuahua.
Familiares de fallecidos acudieron en las últimas horas a la Fiscalía estatal en busca de respuestas, con documentos en mano y el dolor a flor de piel. Tal es el caso de Lorenza Elena Cibrián Puentes, quien busca confirmar si las cenizas que le entregó la funeraria Luz Divina corresponden efectivamente a su esposo, Raúl Rodríguez Irneros, fallecido en febrero de 2024. “Se siente un dolor (…) porque como nos entregaron la cajita de cenizas, no sabemos realmente si sea él o no”, expresó.
Un testimonio similar ofreció Josefina Núñez, madre de Melisa Angélica Villalobos Núñez, fallecida en 2020. Núñez relató que contrató los servicios de Protec Deco, quienes trasladaron el cuerpo al crematorio ahora clausurado. “Fue todo muy extraño. Yo la vi por última vez ahí, pero no me dejaron estar presente en la incineración. Pasaron 15 días y después me entregaron la urna”, relató. Hoy, sus dudas persisten y el duelo se reabre con el hallazgo.
Desde la sociedad civil, Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, exigió una investigación exhaustiva y criticó la negligencia institucional en un contexto donde Juárez acumula cerca de mil 300 personas desaparecidas de un total de 4 mil en todo el estado. “Nos preocupa profundamente que el fiscal general haya descartado la posibilidad de que entre los cuerpos estén personas desaparecidas”, cuestionó.
Méndez subrayó la necesidad de que toda disposición de restos se realice con el consentimiento informado de las familias, y advirtió que lugares como este, sin supervisión efectiva, pueden convertirse en dispositivos para la desaparición encubierta de personas. “Estas 383 personas tienen identidad, tienen historia, y sus familias merecen saber la verdad. No se puede permitir su revictimización bajo el velo de la negligencia”, sostuvo.
La Fiscalía de Chihuahua ha iniciado procedimientos por fraude y delitos vinculados al trato indigno de cuerpos, pero la magnitud del caso exige más que respuestas judiciales: demanda una revisión estructural del sistema forense y funerario en un estado golpeado por la violencia, la impunidad y la desmemoria institucional. Las familias, mientras tanto, enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también la humillación de la duda.
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