

En un esfuerzo por democratizar los procesos legislativos vinculados a la defensa de los derechos humanos, la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua celebró este miércoles el foro “Por una Verdadera Comisión Estatal de los Derechos Humanos”. Este espacio de diálogo ciudadano, desarrollado en el mezzanine del recinto legislativo, reunió a decenas de defensoras y defensores de derechos humanos, así como a representantes de grupos tradicionalmente vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y miembros de la comunidad LGBTIQ+.
El encuentro, tercero de su tipo convocado por el grupo parlamentario de Morena, tuvo como eje la discusión sobre el procedimiento para la designación de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en un contexto marcado por demandas de mayor transparencia y legitimidad institucional. La participación activa de la sociedad civil buscó garantizar que los nuevos liderazgos de la CEDH representen un compromiso auténtico con la protección de los derechos fundamentales.
La propuesta legislativa en discusión contempla reformar el actual mecanismo de selección tanto de la Presidencia como de las Visitadurías de la Comisión, con el objetivo de abrir el proceso a un análisis más riguroso, plural y público. Según destacó el coordinador de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada, el foro representa un paso hacia una “reforma que responda verdaderamente a las necesidades de la ciudadanía y no a intereses particulares o coyunturales”.
La jornada contó con la presencia de las diputadas Leticia Ortega, Edith Palma Ontiveros, Jael Argüelles, María Antonieta Pérez, Herminia Gómez, Rosana Díaz y la presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán, además del diputado del PAN, Jorge Carlos Soto, en lo que fue leído como un gesto de apertura política más allá de las líneas partidistas.
En un contexto nacional en el que la legitimidad de los organismos de derechos humanos ha sido reiteradamente cuestionada, el foro subraya la urgencia de repensar las estructuras institucionales desde una lógica de servicio público efectivo. La voz ciudadana se perfila así no como un elemento decorativo, sino como una condición imprescindible para la reconstrucción de la confianza democrática.