INE impone multas millonarias a partidos por adeudos fiscales acumulados desde hace una década

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por un total de 31 millones 983 mil 167 pesos contra diversos partidos políticos por adeudos fiscales que datan de hace más de diez años. La medida, validada por el Consejo General del organismo, se basa en observaciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre incumplimientos fiscales históricos, y representa uno de los ejercicios de fiscalización más amplios realizados en el país.

El Partido del Trabajo (PT) encabeza la lista de sancionados, con una multa de 13 millones 369 mil 778 pesos, seguido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 12 millones 30 mil 778 pesos, y el Partido Acción Nacional (PAN), con 4 millones 78 mil 116 pesos. Movimiento Ciudadano deberá cubrir una sanción significativamente menor, de 11 mil 411 pesos, mientras que Morena, con apenas 2 mil 74 pesos, se mantiene como el partido con menor carga en esta resolución.

Originalmente, la suma total de las sanciones ascendía a 62 millones 333 mil 709 pesos, según se había propuesto en la sesión de la Comisión de Fiscalización del 24 de junio. Sin embargo, tras un proceso de revisión en el que los partidos presentaron documentación adicional para subsanar errores y omisiones, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) ajustó los montos finales.

Uno de los casos más notorios fue el del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que inicialmente se le pretendía sancionar con más de 17 millones de pesos, pero cuya multa fue reducida drásticamente a apenas 6 mil 224 pesos, tras considerar los argumentos presentados.

Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, destacó la magnitud del proceso al fiscalizar a 315 partidos con registro en 2023, incluyendo siete partidos nacionales, 224 con acreditación local y 84 partidos estatales. Subrayó que la revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales es parte esencial de garantizar transparencia en el uso de recursos públicos.

Sin embargo, no faltaron las críticas. Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el Consejo General, denunció discrepancias entre las cifras reportadas por el SAT y las utilizadas por la UTF para calcular las sanciones, advirtiendo que esta falta de concordancia pone en duda la justicia y legalidad del procedimiento sancionador.

El episodio reabre el debate sobre la solidez institucional de los mecanismos de fiscalización electoral, y deja entrever la complejidad de rastrear responsabilidades financieras en estructuras partidistas que, en muchos casos, han cambiado o desaparecido. La exigencia por transparencia, sin embargo, persiste como un reclamo social que el sistema electoral aún busca atender con suficiencia.