La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este martes las versiones sostenidas por sectores de la oposición sobre la existencia de un supuesto pacto de impunidad entre los expresidentes Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió la actuación del gobierno anterior, recordando que en 2021 se promovió una consulta popular para determinar si se debía investigar y eventualmente enjuiciar a ex titulares del Ejecutivo federal, incluido el propio Peña Nieto.
“No hubo pacto de impunidad”, afirmó Sheinbaum, al tiempo que subrayó que aquella consulta fue un ejercicio democrático inédito, aunque no vinculante, debido a la baja participación ciudadana. Recalcó que el entonces presidente López Obrador expresó con claridad su voluntad de enfocar los esfuerzos gubernamentales en el futuro, más que en una revisión sistemática del pasado: “Lo que dijo entonces el presidente es público: a nosotros nos interesa de aquí en adelante”.
El tema ha cobrado fuerza recientemente tras nuevas críticas por la supuesta inacción judicial frente a casos emblemáticos de corrupción durante el sexenio priista. Sin embargo, Sheinbaum insistió en que el enfoque del proyecto transformador no radica en revanchas políticas, sino en erradicar las condiciones estructurales que permitieron la corrupción en gobiernos anteriores.
Aunque no se refirió directamente al caso de Peña Nieto ni a investigaciones específicas, la presidenta defendió la separación entre los poderes del Estado, y sugirió que corresponde a la Fiscalía General de la República —ente autónomo— determinar si existen elementos suficientes para proceder contra exmandatarios. Dejó entrever también que su gobierno continuará apostando por la consolidación institucional, más que por gestos simbólicos.
Analistas coinciden en que esta postura responde a un delicado equilibrio entre continuidad política y legitimidad moral. Si bien el combate a la corrupción ha sido uno de los pilares discursivos del movimiento que llevó a Morena al poder, también existe cautela respecto al uso político del aparato judicial. En este sentido, la afirmación de Sheinbaum busca desmarcarse tanto de acusaciones de complicidad como de una agenda de persecución retroactiva.
La discusión sobre justicia transicional, memoria y responsabilidades del pasado sigue abierta en el país. Pero para el gobierno actual, al menos desde lo discursivo, el horizonte de transformación se proyecta hacia adelante, en la construcción de un nuevo régimen, más que en la revisión exhaustiva del anterior.
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