En una audiencia celebrada este 11 de julio ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, se declaró culpable de cuatro cargos criminales relacionados con el narcotráfico y aceptó convertirse en testigo colaborador de las autoridades estadounidenses. La admisión formal, que contempla dos cargos por crimen organizado y dos por conspiración para traficar drogas —incluido fentanilo—, representa un viraje estratégico en la narrativa judicial sobre el liderazgo del Cártel de Sinaloa y su rama conocida como Los Chapitos.
Vestido con un overol naranja y encadenado, Guzmán López compareció ante la jueza Sharon Coleman, ante quien expresó, con voz por momentos temblorosa, su responsabilidad penal en delitos que, por su gravedad, podrían conllevar una condena de cadena perpetua. Como parte del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, el líder criminal también se comprometió a pagar 80 millones de dólares, una cifra que sugiere el alcance económico de las operaciones que encabezó dentro de la estructura delictiva heredada de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán.
Durante la audiencia, el acusado reconoció padecer depresión y estar bajo tratamiento médico, aunque afirmó que su estado de salud mental no había afectado su juicio y que su decisión fue tomada de manera libre y consciente. La confirmación de su colaboración como testigo podría abrir una nueva etapa en las investigaciones sobre las redes transnacionales de tráfico de estupefacientes, con posibles implicaciones judiciales y políticas en México y Estados Unidos.
La figura de Ovidio Guzmán ha sido objeto de atención internacional desde su fallida captura en octubre de 2019, en el episodio conocido como el Culiacanazo, donde fue liberado horas después de su detención, tras una violenta reacción del Cártel de Sinaloa. Aquel episodio, ordenado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de evitar una masacre civil, marcó un punto de quiebre en la estrategia de seguridad del Estado mexicano.
Su segunda aprehensión, ocurrida a inicios de 2023 nuevamente en Culiacán, precedió por días a la visita oficial del entonces presidente estadounidense Joe Biden a México, en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Posteriormente, fue extraditado en septiembre a EE.UU., donde inicialmente se declaró no culpable de los múltiples cargos que enfrentaba en diversas jurisdicciones, incluyendo Nueva York y el Distrito de Columbia.
El cambio de estrategia legal quedó evidenciado a finales de junio, cuando Guzmán estampó su firma en un documento legal que expresaba su intención de declararse culpable. En esa misma solicitud, pidió unificar las acusaciones en la Corte de Illinois, donde actualmente se encuentra detenido. El acuerdo de colaboración alcanzado con las autoridades estadounidenses perfila a Guzmán López como una figura central en los esfuerzos por desmantelar estructuras del narcotráfico de alcance continental.
Más allá de la dimensión judicial, la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán representa un gesto con implicaciones geopolíticas. No sólo contribuye a esclarecer el papel de Los Chapitos en el tráfico internacional de fentanilo, sino que compromete una parte sensible de la historia reciente de México, incluyendo las decisiones de alto nivel tomadas durante el sexenio anterior. El curso de las investigaciones —alimentadas ahora por un testigo interno de primera línea— podría redefinir la manera en que ambos países enfrentan uno de los desafíos más complejos y persistentes de la región.
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