La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que solicitó directamente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos una prórroga de 45 días para las instituciones financieras CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas recientemente por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero. La medida, concedida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), retrasa hasta el 4 de septiembre la entrada en vigor de sanciones que implican su desconexión del sistema financiero estadounidense.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que uno de los bancos afectados administra una serie de fideicomisos con participación de terceros, y que la intervención de Hacienda busca asegurar que los usuarios no sufran afectaciones directas. "Se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y la casa de bolsa. Particularmente uno de los bancos tenía una serie de fideicomisos que está interviniendo Hacienda para que no haya problema con quienes son parte de estos fideicomisos", señaló.
La prórroga fue gestionada con el objetivo de otorgar tiempo suficiente para realizar ajustes técnicos, operativos y legales que permitan proteger a los clientes, separar responsabilidades y reforzar los mecanismos de cumplimiento. La presidenta subrayó que “no hay improvisación” en el manejo del caso y que se mantiene comunicación directa con el Tesoro estadounidense.
En un comunicado emitido este mismo miércoles, FinCEN destacó la coordinación entre ambos gobiernos en la lucha contra las redes financieras del narcotráfico y reconoció los avances del Gobierno de México en el combate al lavado de dinero. La titular de la oficina, Andrea Gacki, sostuvo que las medidas tomadas son parte de una estrategia compartida “para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas”.
Estas acciones se dan en el marco de una ofensiva regional contra el financiamiento ilícito, que ha resultado en el señalamiento de operaciones irregulares en diversas entidades mexicanas. La decisión de conceder una prórroga refleja tanto la gravedad del caso como la disposición de ambas partes a mantener canales de cooperación técnica y diplomática para minimizar el impacto sistémico.
El reto inmediato para las autoridades mexicanas es asegurar una transición ordenada, garantizar el resguardo de los fondos de terceros y demostrar que el sistema financiero cuenta con capacidades regulatorias suficientes para resistir operaciones criminales complejas. Hacienda, en coordinación con la CNBV y el SAT, continúa las auditorías internas en las tres instituciones, mientras se avanza en el rediseño de los marcos de cumplimiento.
Con esta prórroga, México gana margen para fortalecer su posición ante el escrutinio internacional, en un momento de creciente presión para transparentar los flujos financieros y evitar que el sistema bancario sea utilizado por redes delictivas. La reacción del gobierno —mesurada, técnica y enmarcada en la legalidad— apunta a contener los efectos inmediatos, sin poner en riesgo la estabilidad institucional ni la confianza en el sistema financiero nacional.
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