En vísperas de la audiencia clave que enfrentará Ovidio Guzmán López este 11 de julio en Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló la incongruencia del gobierno estadounidense al calificar como terroristas a grupos del crimen organizado mientras, en paralelo, sostiene negociaciones legales con sus líderes.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que más allá del proceso judicial que enfrenta el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, lo que preocupa es la falta de coherencia en la estrategia estadounidense para abordar al narcotráfico. “Sobre el juicio de esta persona lo que nosotros decimos, más bien los criterios que se están dando y la falta de coherencia en la política de allá al nombrar terroristas a las organizaciones de la delincuencia organizada. Todo lo demás es parte de un juicio que se lleva”, expresó la mandataria.
El caso de Ovidio Guzmán, una de las figuras más visibles del llamado grupo de Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa, ha generado atención internacional desde su primera detención en octubre de 2019, durante el llamado Culiacanazo. Aquel operativo, fallido por razones que nunca dejaron de ser políticamente sensibles, culminó con su liberación por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que se justificó como una decisión para evitar una masacre civil en Culiacán.
Sin embargo, el contexto cambió radicalmente en enero de 2023, cuando Guzmán fue nuevamente detenido en un operativo de mayor escala, esta vez en la antesala de la visita del presidente estadounidense Joe Biden a México. Para septiembre de ese mismo año, ya había sido extraditado a Estados Unidos, donde inicialmente se declaró inocente de cargos que incluían conspiración para distribuir drogas, asociación delictuosa, lavado de dinero y uso ilegal de armas.
La situación dio un vuelco en junio de 2025, cuando Guzmán López firmó un documento legal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el que admitió culpabilidad por varios de los delitos que se le imputan. Esta admisión abrió la puerta para que su caso se consolidara en el Distrito Norte de Illinois, donde enfrenta la mayor carga de acusaciones por tráfico de droga, lavado de activos y vínculos directos con estructuras criminales transnacionales.
Desde el entorno federal mexicano, la preocupación no gira únicamente en torno al proceso jurídico, sino en lo que representa en términos de diplomacia judicial y política binacional. El mensaje de Sheinbaum apunta a una crítica velada pero firme sobre el uso del término "terrorismo" para criminalizar selectivamente a ciertas organizaciones, mientras se construyen acuerdos de colaboración judicial con sus miembros, lo que —en la lógica del gobierno mexicano— pone en entredicho la seriedad de la postura estadounidense frente al crimen organizado.
La audiencia de este viernes, que podría significar un punto de inflexión en el caso de Ovidio Guzmán, servirá también como telón de fondo para nuevas tensiones entre ambos países en materia de seguridad, cooperación judicial y definición de estrategias hemisféricas contra el narcotráfico. En ese contexto, la respuesta de Sheinbaum no sólo reacciona a un hecho judicial, sino que sienta una postura institucional sobre el papel que debe asumir México en la narrativa global sobre el combate al crimen.
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