La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la propuesta presentada en la Cámara de Diputados para investigar a fondo el llamado Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, al considerar que existen elementos suficientes que justifican la intervención del Congreso federal. La mandataria aseguró que el caso ha sido debidamente documentado y recordó que ya hay funcionarios detenidos por su participación en un esquema de corrupción urbanística.
“Sí hubo un modus operandi en la alcaldía Benito Juárez para violar los usos de suelo y a partir de ahí conseguir recursos para beneficio personal desde funcionarios públicos”, declaró Sheinbaum este lunes en su conferencia matutina. Señaló que el proceso de investigación lo encabeza la fiscal general de la Ciudad de México, Berta Alcalde, y que corresponde a ella informar sobre los avances puntuales, aunque enfatizó que el caso ya ha derivado en detenciones y procesos judiciales activos.
El llamado Cártel Inmobiliario ha sido una de las investigaciones más sensibles en materia de corrupción local de los últimos años. Según indagatorias previas de la Fiscalía capitalina, exfuncionarios de alto nivel en la alcaldía Benito Juárez —gobernada históricamente por el PAN— incurrieron en la modificación ilegal de usos de suelo y la expedición de permisos de construcción irregulares a cambio de beneficios económicos o inmuebles.
La eventual apertura de una comisión legislativa en San Lázaro para revisar el caso ha provocado tensiones políticas, principalmente con la oposición, que acusa una motivación partidista detrás de la iniciativa. No obstante, para Sheinbaum, el tema trasciende los cálculos políticos y debe abordarse con base en la evidencia ya reunida. “Si ahora el Congreso federal quiere revisar estos casos, pues hay bastante sustento de lo que fue el Cártel Inmobiliario, en particular en la alcaldía Benito Juárez”, reiteró.
La mandataria subrayó que esta red de corrupción urbanística no sólo vulneró la legalidad administrativa, sino que impactó directamente en la calidad de vida de los habitantes de la demarcación, al promover desarrollos inmobiliarios fuera de norma y sin las condiciones de seguridad ni servicios adecuados.
Con este respaldo, el Ejecutivo federal abre la puerta a que el caso Benito Juárez se eleve al ámbito nacional como ejemplo de una lucha más amplia contra la corrupción estructural en los gobiernos locales, donde la connivencia entre funcionarios y desarrolladores ha dejado un rastro documentado de impunidad y beneficios privados.
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