

Ante los rumores sobre una posible salida de la empresa energética Iberdrola del país, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México existe plena certeza jurídica para las inversiones extranjeras, y que no hay motivos legales ni regulatorios para que la compañía española interrumpa sus operaciones. Subrayó que las reglas del sistema eléctrico nacional son claras y que las decisiones tomadas por el Estado han sido en el marco de la ley.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la administración anterior adquirió plantas de generación eléctrica a Iberdrola a través de Banobras, en una operación que permitió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperar el control del 54 % del mercado eléctrico nacional. El 46 % restante, aclaró, sigue en manos de empresas privadas, por lo que el sector conserva un carácter mixto.
“Iberdrola no tendría por qué retirarse, están muy claras las reglas actuales. Lo que sí estamos pidiendo es que las sociedades de autoabasto son ilegales”, enfatizó Sheinbaum, en alusión al esquema que algunas empresas utilizaban para simular la generación compartida de energía, mecanismo declarado inconstitucional por la Suprema Corte y considerado como una forma de evasión regulatoria.
Sobre la supuesta intención de la empresa de abandonar el país, Sheinbaum fue cauta y señaló que aún no existe confirmación oficial. “Vamos a ver si es cierta esta noticia, pero no tiene que ver con que no haya certeza jurídica”, recalcó.
La presidenta subrayó que el gobierno federal garantiza condiciones legales estables para todos los inversionistas, pero que también se exige el cumplimiento de la normatividad vigente en el sector energético. El mensaje busca disipar temores sobre un entorno adverso para el capital privado, mientras se mantiene firme la política de fortalecer el papel estratégico de la CFE en la generación eléctrica.
La declaración de Sheinbaum se produce en un contexto de ajustes en la política energética nacional, donde el equilibrio entre inversión privada y soberanía estatal sigue siendo uno de los ejes centrales del debate público.