A un mes del hallazgo de 386 cuerpos hacinados en condiciones insalubres dentro del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, la indignación ciudadana se mantiene firme. Lejos de apagarse, el clamor por justicia y verdad se ha intensificado ante la lentitud del proceso de identificación y la percepción de abandono institucional.
Este sábado, familiares de las víctimas y activistas del colectivo Justicia para Nuestros Deudos protagonizaron una protesta simbólica en el puente internacional Santa Fe. Ahí, liberaron las casetas fronterizas en un acto de desobediencia civil pacífica con el que buscan captar la atención de las autoridades federales, en especial de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Queremos que el gobierno nos apoye, que diga ‘voy a hacer algo’”, expresó una de las manifestantes, Claudia Martínez, quien denunció una dolorosa falta de respuesta estatal.
Desde que el caso estalló el pasado 26 de junio, tras denuncias vecinales por olores fétidos, la escena descubierta por las autoridades locales provocó conmoción nacional e internacional: cientos de cuerpos, muchos embalsamados y otros en avanzado estado de descomposición, almacenados sin control alguno. A raíz de ello, fueron detenidos José Luis Arellano Cuarón y Facundo Martínez Robledo, responsables del lugar, acusados de inhumación y exhumación ilícita. Sin embargo, para los deudos, el castigo legal no es suficiente sin una identificación plena de las víctimas.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha logrado identificar solo 27 cuerpos, de los cuales apenas 13 han sido entregados a sus familias. Esta cifra, calificada como inaceptable por los manifestantes, ha profundizado el sentimiento de abandono. “La angustia es horrible. Todavía no lo podemos enterrar. No sabemos dónde están”, expresó Alberto Miranda Esparza, quien continúa la búsqueda de los restos de sus padres.
El caso ha escalado incluso a nivel internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un pronunciamiento exhortando a una investigación “eficaz, exhaustiva y con enfoque de derechos humanos”. A nivel local, sin embargo, la percepción generalizada es la de una respuesta burocrática y dispersa, sin liderazgo claro ni voluntad suficiente.
La tensión social creció aún más en los últimos días, cuando se localizaron tres cuerpos adicionales en una propiedad vinculada a la funeraria Del Carmen, también relacionada con el crematorio Plenitud. Este hallazgo ha desatado sospechas de una red más amplia de manejo clandestino de restos humanos y un sistema funerario coludido, donde diversas empresas operarían con respaldo de autoridades omisas o corruptas.
Para los colectivos, los responsables no son solo los empleados del crematorio, sino también las instituciones reguladoras. “Esto nos termina de comprobar que todas las funerarias están coludidas, desde el Cespris hasta las dependencias que dan permisos de uso de suelo”, acusó nuevamente Claudia Martínez, quien afirmó que las protestas seguirán mientras no haya respuestas concretas.
La exigencia es clara: justicia para cada una de las víctimas, esclarecimiento total de lo ocurrido y una reparación integral que incluya medidas de verdad, memoria y garantías de no repetición. Mientras tanto, la herida abierta en Ciudad Juárez crece día a día, alimentada por la ausencia de certezas y por un silencio institucional que —a los ojos de los familiares— resulta tan insoportable como el horror que reveló el crematorio Plenitud.
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