En una declaración que vuelve a sacudir la memoria política del sexenio calderonista, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó este lunes las recientes afirmaciones del director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), quien equiparó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con dos de los narcotraficantes más notorios del país: Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
“¿No les parece interesante para todos?”, cuestionó Sheinbaum durante su habitual conferencia matutina. “Lo que más me llamó la atención fue lo que dijo el director de la DEA: que han derribado a tres grandes capos de la droga, primero García Luna, luego El Chapo y después El Mayo”, subrayó la mandataria, al recalcar la gravedad del señalamiento hacia quien fuera uno de los funcionarios más influyentes del gobierno de Felipe Calderón.
El comentario no solo revela una lectura política del juicio contra Zambada y los antecedentes judiciales de García Luna, sino que también apunta al deterioro institucional sufrido en años anteriores por las fuerzas de seguridad mexicanas, al haber sido infiltradas —según diversas investigaciones judiciales— por redes criminales desde sus más altos niveles.
La alusión de la presidenta cobra un sentido político más amplio al insertar la figura de García Luna en la narrativa de descomposición estructural que, desde su perspectiva, caracterizó a administraciones pasadas. “Así lo dijo, si usted revisa la declaración, tal cual: ‘hemos derribado tres grandes capos de la droga’”, reiteró Sheinbaum, evidenciando el simbolismo de que un exfuncionario público sea considerado en el mismo rango que líderes del narcotráfico.
Cabe recordar que García Luna fue hallado culpable en Estados Unidos de cargos vinculados con el tráfico de drogas y asociación delictuosa, en un proceso judicial que reveló vínculos estrechos con el Cártel de Sinaloa durante su periodo como titular de Seguridad. La contundencia de las pruebas presentadas en su contra no solo dejó mal parado al aparato de seguridad del sexenio calderonista, sino que generó cuestionamientos sobre la profundidad de la corrupción institucional de esa época.
La presidenta no hizo una valoración directa sobre las implicaciones diplomáticas de la declaración del director de la DEA, pero su énfasis en el asunto evidencia un interés en que la opinión pública no olvide las conexiones entre crimen organizado y estructuras de poder político en el pasado reciente.
Más que un señalamiento aislado, lo dicho por Sheinbaum refuerza una narrativa de recuperación del Estado desde una lógica de legitimidad moral, subrayando la diferencia entre el presente y un pasado marcado —según su visión— por la colusión entre criminalidad y poder. El mensaje, además, se emite en un contexto en que la seguridad pública sigue siendo un eje sensible del debate nacional, y en el que la reconstrucción de la confianza institucional permanece como una tarea inacabada.
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