El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró este martes que la estimación de la fortuna atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada proviene exclusivamente de autoridades estadounidenses, y no de instancias mexicanas. El funcionario puntualizó que dicha cifra —divulgada en medios internacionales como parte del seguimiento judicial al líder del Cártel de Sinaloa— no ha sido confirmada ni respaldada por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Ese cálculo de dinero es específicamente de Estados Unidos, no es de nosotros. Se lo preguntaríamos al fiscal general de la República”, señaló García Harfuch durante la conferencia presidencial, al ser cuestionado sobre el origen y veracidad del monto económico atribuido a Zambada García.
El funcionario subrayó que en México existen investigaciones en curso contra 'El Mayo' y su red de colaboradores, a cargo de la FGR, pero insistió en que cualquier valoración sobre activos o patrimonio debe surgir del proceso judicial nacional correspondiente. La cifra divulgada —que en algunos reportes ha sido estimada en miles de millones de dólares— ha generado reacciones tanto por su magnitud como por la falta de confirmación oficial desde el ámbito mexicano.
“Nosotros respetamos los procedimientos de la FGR, que tiene abiertas líneas de investigación y procedimientos judiciales contra diversas personas relacionadas con este grupo criminal”, agregó García Harfuch, sin ofrecer detalles adicionales sobre avances o bloqueos patrimoniales específicos en territorio nacional.
El señalamiento se da en un contexto en el que la figura de Zambada ha vuelto al centro del debate público, tras declaraciones del director de la DEA que lo colocó —junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán y Genaro García Luna— entre los tres grandes “derribos” logrados por la agencia estadounidense. Ese encuadre ha sido retomado por la presidencia mexicana como una muestra de la connivencia que existió entre crimen organizado y estructuras del poder en sexenios anteriores.
La precisión de García Harfuch busca también diferenciar el trabajo de las instituciones mexicanas frente a narrativas externas, manteniendo el foco en la autonomía judicial del país. Mientras la cooperación bilateral en materia de seguridad continúa, el gobierno federal insiste en que los procedimientos legales deben respetar el debido proceso y la jurisdicción nacional.
La fortuna atribuida a Zambada, su captura pendiente y la estructura económica del Cártel de Sinaloa seguirán siendo temas clave en el desarrollo de las investigaciones criminales, tanto en México como en Estados Unidos. Por ahora, el gobierno mexicano se mantiene prudente ante las cifras externas, reservando el reconocimiento institucional solo a lo que pueda ser jurídicamente sustentado en su territorio.
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