A 57 años de la masacre estudiantil de Tlatelolco, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con las víctimas, sus familias y los sobrevivientes, y recordó el decreto presidencial emitido en 2024 que reconoció formalmente los hechos del 2 de octubre de 1968 como un crimen de lesa humanidad, marcando un precedente jurídico y político en la memoria histórica del país.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria leyó fragmentos del Acuerdo por el que se reconoce que la matanza del 2 de octubre constituye un crimen de lesa humanidad, documento publicado el año pasado como parte del compromiso del Gobierno de México con la verdad, la justicia y la reparación.
“Recordar este hecho, desde nuestro punto de vista histórico, que realizamos desde hace un año a los familiares, víctimas —muchos de ellos ya fallecidos—, quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a todos los presos políticos. Nuestra solidaridad y siempre el acercamiento con la Secretaría de Gobernación para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicamos”, expresó Sheinbaum.
El reconocimiento de la masacre como crimen de lesa humanidad no solo reviste un carácter simbólico, sino que implica la imprescriptibilidad del delito y la posibilidad de que nuevas investigaciones o procesos judiciales puedan activarse bajo parámetros internacionales de derechos humanos. El decreto también abrió la puerta para fortalecer los mecanismos de reparación moral y material a víctimas y sus familiares.
Desde su llegada al poder, Sheinbaum ha promovido una política de rescate de la memoria histórica, centrada en el reconocimiento del papel de los movimientos sociales reprimidos por el Estado mexicano durante la segunda mitad del siglo XX. La conmemoración del 2 de octubre, en ese sentido, ha dejado de ser un acto aislado para convertirse en parte de una agenda institucional de memoria y justicia.
El aniversario de la represión en Tlatelolco continúa siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna de México, no solo por la violencia ejercida contra estudiantes, sino por la impunidad sostenida durante décadas, en la que sucesivos gobiernos evitaron admitir responsabilidades.
Con este posicionamiento, el gobierno de Sheinbaum reafirma un enfoque de Estado que reconoce las violaciones cometidas en el pasado y busca, desde lo institucional, resignificar las luchas sociales como elementos constitutivos de la democracia actual. El 2 de octubre no se olvida, y ahora tampoco se niega.
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