En una decisión cargada de simbolismo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de una preparatoria y una sede de la Universidad Rosario Castellanos en el terreno que alguna vez perteneció a Arturo “El Negro” Durazo, el polémico exjefe de la policía capitalina durante el sexenio de José López Portillo. El anuncio representa no solo una inversión en infraestructura educativa, sino también una transformación del espacio histórico vinculado con uno de los episodios más oscuros de corrupción en la historia reciente de la Ciudad de México.
La mandataria recordó que desde su periodo como jefa delegacional en Tlalpan existía el proyecto de establecer una institución de educación superior en esa zona, una idea que ahora toma forma bajo el impulso de su gobierno federal. La nueva universidad, que llevará el nombre de Rosario Castellanos, forma parte de una estrategia más amplia para ampliar la cobertura educativa y generar oportunidades reales para la juventud en zonas históricamente marginadas.
La reconversión de un sitio asociado al poder autoritario y la impunidad policial en un espacio destinado a la educación pública de calidad encierra un mensaje político claro: resignificar la memoria urbana a través de acciones concretas que privilegien el acceso al conocimiento, la equidad y la transformación social. La presidenta subrayó que este tipo de intervenciones permiten mejorar de fondo las condiciones de vida en las comunidades, al ofrecer alternativas formativas que antes eran inaccesibles para muchos jóvenes.
La puesta en marcha de esta obra se suma a una serie de acciones destinadas a expandir el sistema de educación media superior y superior a nivel nacional. En este caso particular, el valor simbólico del terreno —marcado por los excesos del viejo régimen— amplifica el impacto de una política pública que busca consolidar el derecho a la educación como eje estructural del desarrollo social.
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