

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Secretaría de Marina rescató al único sobreviviente del operativo militar realizado por Estados Unidos contra cuatro embarcaciones presuntamente vinculadas con organizaciones terroristas designadas, que habrían estado involucradas en tráfico de narcóticos en el Pacífico Oriental. El ataque dejó un saldo de catorce personas muertas y ha generado una reacción firme por parte del gobierno mexicano, que expresó su desacuerdo con la acción bélica en aguas internacionales.
Según lo informado por la mandataria, el rescate se llevó a cabo por razones estrictamente humanitarias y con apego a los tratados internacionales suscritos por México. La embarcación atacada navegaba en aguas internacionales cuando fue blanco del operativo estadounidense, cuyo alcance y justificación aún generan cuestionamientos en distintos foros diplomáticos. Tras confirmarse la presencia de un único sobreviviente, la Marina actuó de inmediato para salvaguardar su vida, decisión que fue respaldada por la Cancillería y la propia Presidencia.
Sheinbaum sostuvo conversaciones con el titular de la Secretaría de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores para coordinar la postura oficial ante un hecho que, según enfatizó, vulnera principios básicos del derecho internacional. La mandataria recalcó que México no está de acuerdo con el uso de la fuerza en contextos que no han sido validados por mecanismos multilaterales, y subrayó la necesidad de atender el fenómeno del narcotráfico desde una perspectiva que no dependa exclusivamente de respuestas armadas.
La intervención humanitaria de la Marina marca una posición diferenciada respecto al enfoque de seguridad regional promovido por Estados Unidos, y podría abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral en materia de operaciones marítimas y soberanía. Más allá del incidente, el rescate del sobreviviente envía una señal clara sobre la postura mexicana frente a las acciones unilaterales con consecuencias letales, y sobre el compromiso del Estado con los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos, incluso en contextos complejos y fronterizos.











