Con 456 votos a favor y sin oposición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, un ordenamiento que busca unificar el tipo penal en todo el país, endurecer las penas y cerrar espacios de impunidad para uno de los delitos que más ha penetrado en la vida cotidiana de la población mexicana. La ley establece castigos que alcanzan hasta los 25 años de cárcel y elimina beneficios como la libertad anticipada o la conmutación de pena para los sentenciados por este ilícito.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Justicia, propone una pena base de seis a quince años de prisión y multas económicas considerables, con 34 agravantes distribuidas en tres apartados que elevan las sanciones según el perfil de la víctima, el uso de violencia, o el contexto del delito. Entre los supuestos más severamente castigados se encuentran el cobro de “piso”, la extorsión a comerciantes, el uso de violencia física o psicológica, así como los conocidos esquemas de fraude por supuestos accidentes automovilísticos provocados. También se endurecen las penas cuando la víctima es migrante, menor de edad, adulto mayor o mujer embarazada.
Uno de los elementos centrales de la ley es la coordinación obligatoria entre los tres órdenes de gobierno para combatir este delito de manera estructural. Asimismo, se permite la denuncia anónima —incluso mediante el número 089— como herramienta para proteger la integridad de las víctimas y testigos, en un intento por contrarrestar el miedo que históricamente ha silenciado a comunidades enteras frente a las redes de extorsión.
Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de advertencias. Legisladores del PRI señalaron que en estados como Chihuahua, Guerrero o Morelos —donde las penas por extorsión son más altas que las contempladas en la nueva ley federal— se corre el riesgo de que cientos de personas actualmente sentenciadas por este delito soliciten su liberación al amparo del nuevo marco normativo. Se calcula que hasta 500 internos podrían apelar sus condenas y obtener beneficios procesales, un efecto no previsto explícitamente en el dictamen.
Por su parte, representantes del PAN acusaron que la propagación de la extorsión en todo el territorio nacional ha sido favorecida por políticas de seguridad permisivas en el pasado reciente. Desde esa óptica, el nuevo ordenamiento representa un intento necesario —aunque tardío— por contener una práctica delictiva que ha afectado desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas, alterando el tejido social y económico del país.
A pesar de su aprobación unánime, el dictamen será sometido a discusión en lo particular debido a las numerosas reservas presentadas por distintos grupos parlamentarios. Este debate podría introducir ajustes técnicos o aclaraciones antes de que la ley entre en vigor. El nuevo marco legal representa un paso importante hacia la tipificación uniforme del delito de extorsión, una medida largamente exigida por organizaciones civiles, cámaras empresariales y gobiernos locales. Su eficacia, sin embargo, dependerá en gran medida de su implementación judicial y del fortalecimiento institucional a nivel estatal y municipal.
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