Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su rechazo a una política de guerra contra el narcotráfico y anunció el fortalecimiento de las labores de inteligencia como vía para garantizar la seguridad en el país. La mandataria condenó el crimen y expresó su solidaridad con la familia del edil michoacano, al tiempo que aseguró que no habrá impunidad en este caso, cuyas investigaciones continúan bajo coordinación estrecha entre el gobierno federal y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue enfática al señalar que la estrategia de militarización y confrontación directa con los cárteles no ha dado resultados, y responsabilizó a ese enfoque —impulsado durante sexenios anteriores— del agravamiento de la violencia en estados como Michoacán. “La guerra contra el narco no funcionó; eso es precisamente lo que generó esta situación de violencia”, afirmó, al insistir en que la inteligencia civil y la investigación judicial deben ser el eje de la política de seguridad.
El caso de Carlos Manzo ha generado especial atención por tratarse de un edil en funciones y por la violencia con la que fue ejecutado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que no existen indicios de que los policías municipales asignados a su custodia tuvieran vínculos con el crimen organizado. Destacó que uno de los escoltas del alcalde fue quien abatió al agresor, acción que permitió evitar un atentado de mayor escala. “Son ellos quienes reaccionan de inmediato; ya han declarado ante la fiscalía, y al momento no hay ningún elemento que sugiera complicidad o infiltración”, precisó.
García Harfuch también aclaró que, hasta ahora, la investigación permanece bajo la jurisdicción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que encabeza la carpeta iniciada en el lugar de los hechos. No obstante, puntualizó que, de requerirse, se solicitará formalmente la intervención de la Fiscalía General de la República. “Lo fundamental no es qué instancia lleva el caso, sino que se resuelva con eficacia y sin dilaciones”, enfatizó.
El asesinato de Manzo se inscribe en una larga lista de ataques a autoridades locales en zonas con fuerte presencia de grupos delictivos, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los gobiernos municipales y la necesidad de construir una estrategia nacional que garantice su seguridad sin recurrir a esquemas militarizados. En este contexto, el anuncio de Sheinbaum sobre el refuerzo de la inteligencia civil apunta a una reformulación de la estrategia de seguridad pública, con énfasis en la prevención, el desmantelamiento de redes criminales y la protección institucional de los actores locales.
El caso de Uruapan se perfila como una prueba clave para el nuevo gobierno federal en su capacidad de responder a la violencia política sin recurrir a fórmulas del pasado. El desafío no es menor: blindar a los representantes locales, romper la cooptación del poder municipal por parte del crimen organizado y restaurar la confianza en las instituciones de justicia y seguridad.
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