Será el día de hoy cuando se lleve a cabo una nueva audiencia para el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en la búsqueda que se debata sí se le aplica  o no la medida cautelar que mantiene en prisión al exmandatario local.

De acuerdo con su abogado, a petición del Ministerio Público ante un juez, el día de mañana se llevará a cabo una audiencia para el exgobernador César Duarte, donde se debatirá la medida cautelar de prisión preventiva.

El motivo de la solicitud de esta audiencia por parte de la Fiscalía es que ya se cumplirá un año de la extradición del exgobernador. Sin embargo, el Ministerio Público volverá a solicitar que se mantenga la medida de prisión preventiva para el acusado.

Cabe mencionar que fue el 2 de junio cuando el exgobernador César Duarte fue extraditado a México, tras permanecer un año y medio detenido en Miami, Florida.

Al llegar a Chihuahua se le presentó en audiencia y un juez de control concedió un año de prisión preventiva, termino que vence en 48 horas.

De acuerdo con las autoridades, de 2010 a 2016 el político habría cometido diversos delitos durante su papel como gobernador de Chihuahua, los cuales lo llevaron a acumular 21 órdenes de aprehensión. Todas menos una fueron solicitadas por la Fiscalía de la entidad y la restante por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

Se acusa al exfuncionario de haber sido parte de un esquema de desvío de recursos por el cual se habría dañado al erario público con más de mil 230 millones de pesos. Los crímenes formales por los cuales se persiguió al exmandatario son los de peculado y delitos electorales. 

En el esquema con el cual se habría enriquecido Duarte, de acuerdo con las autoridades, se han identificado a dos compañías, Unión Ganadera Regional General División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, con las cuales se pudieron haber malversado fondos por 96 millones 685 mil 253 pesos. 

El exgobernador era accionista mayoritario en ambas compañías y estas eran usadas para realizar compras de equipamiento o servicios pagados por el gobierno local, pero del cual no se presentaron pruebas de su existencia.