El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas históricas a su Constitución para permitir que la ciudadanía elija directamente a los jueces y magistrados del Poder Judicial. Las modificaciones, impulsadas por iniciativas del PAN y Morena, buscan garantizar la independencia judicial y la participación democrática.

Entre los cambios más relevantes está la reforma al artículo 21, que incluye el derecho al voto para elegir a las personas juzgadoras. Además, el artículo 36 establece que la renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los ayuntamientos será mediante sufragio universal, secreto y directo, con procesos diferenciados:

• Judicial: Elecciones cada nueve años.
• Ejecutivo: Cada seis años.
• Legislativo y ayuntamientos: Cada tres años.

Las campañas para jueces y magistrados tendrán una duración máxima de 60 días y no habrá precampañas.

El Congreso será responsable de publicar la convocatoria, integrar las listas de candidaturas y remitirlas al Instituto Estatal Electoral (IEE) antes del inicio del proceso. La elección inaugural está programada para el 1 de junio de 2025, y las personas electas asumirán sus funciones el 1 de septiembre del mismo año.

Las boletas incluirán los nombres y especializaciones de los candidatos, y los cargos se asignarán respetando la paridad de género. Por única ocasión, los cargos electos en 2025 tendrán un periodo de ocho años para homologarse con el calendario federal.

Las reformas también otorgan al Congreso facultades para supervisar licencias y renuncias de los servidores del Poder Judicial, así como para publicar y organizar los procesos de selección.

Entre los requisitos para magistrados y magistradas se incluye experiencia profesional de al menos tres años en áreas jurídicas, según una reserva aprobada por la diputada Jael Argüelles (Morena).

El artículo 99 garantiza que los jueces y magistrados recibirán remuneraciones inamovibles y sólo podrán ser destituidos bajo estrictos términos legales. Las elecciones se regirán por principios de transparencia, imparcialidad y paridad de género.

Estas reformas representan un paso significativo en la democratización del sistema judicial de Chihuahua, fortaleciendo la confianza ciudadana y asegurando procesos más inclusivos y transparentes.