Magistrada presidenta del TSJ rinde Informe de Labores 2024 y advierte sobre riesgos de la Reforma Judicial

Desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, presentó este miércoles su Informe de Labores 2024, en una sesión extraordinaria pública solemne.
El evento contó con la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, la presidenta del Congreso del Estado, Elizabeth Guzmán Argueta, así como de Francisco Javier Fierro Islas, secretario general del Poder Judicial, y César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado. También asistieron alcaldes, legisladores, empresarios, rectores y representantes del gremio de abogados y notarios.
En su discurso, Hernández Acosta señaló que la Reforma Judicial enfrenta dos grandes inconvenientes: una narrativa infundada y la falta de un diagnóstico realista.
“El fortalecimiento del Estado de derecho debe analizarse, discutirse y enriquecerse continuamente, pero no con reformas que lejos de fortalecerlo lo debilitan y lo convierten en una herramienta de control político”, advirtió.
Subrayó que aún no se pueden prever los efectos de la reforma, pero espera que su objetivo sea el fortalecimiento de los derechos humanos, el control constitucional y los equilibrios entre los poderes del Estado, en beneficio de Chihuahua y del país.
Hernández Acosta alertó sobre los riesgos de vulnerar la independencia judicial y recordó que organismos internacionales han advertido sobre el peligro de atacar a los tribunales.
“Ninguna deficiencia justifica la eliminación de un sistema. La existencia de un Poder Judicial autónomo e independiente, libre de presiones políticas, es esencial para la preservación de la democracia”, enfatizó.
La magistrada presidenta concluyó su informe reconociendo el trabajo de jueces, magistrados y personal del Poder Judicial en la defensa del Estado de derecho y la impartición de justicia en Chihuahua, resaltando que su compromiso y profesionalismo han sido un pilar fundamental en la garantía de los derechos ciudadanos.