Con la validación de 38 ayuntamientos, que representan el 90.26% de la población del estado según el censo de 2020, el Congreso del Estado de Chihuahua concluyó el proceso legislativo para reformar el artículo 83 Ter de la Constitución local. La declaratoria formal de esta modificación se llevó a cabo durante la más reciente Sesión de la Diputación Permanente, tras cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 202 de la Carta Magna estatal.
La reforma, contenida en el decreto 233/2025, apunta a consolidar la coordinación entre la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización de recursos públicos. En particular, habilita la supervisión conjunta de las participaciones federales, así como del destino y ejercicio de recursos vinculados a empréstitos estatales y municipales garantizados por la Federación.
Este nuevo marco normativo refuerza la vigilancia sobre el uso de los fondos públicos, particularmente en un contexto en el que los esquemas de endeudamiento de estados y municipios han sido objeto de escrutinio nacional por su opacidad o deficiente gestión. La incorporación del artículo 83 Ter establece que, “de manera directa o en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, podrá fiscalizar las participaciones federales”, ampliando las atribuciones estatales para una rendición de cuentas más eficaz.
El Congreso local celebró la amplia aprobación de los cabildos municipales como un signo de respaldo institucional a la agenda de fortalecimiento de la transparencia y control en el uso de los recursos públicos. La reforma se interpreta también como una respuesta legislativa a las demandas ciudadanas por mecanismos más sólidos que inhiban la corrupción y garanticen el uso eficiente de los recursos federales transferidos a las entidades subnacionales.
Con esta modificación, el estado de Chihuahua se suma a las entidades federativas que han optado por integrar de manera más armónica los procesos de fiscalización entre federación y estados, en línea con los principios del Sistema Nacional Anticorrupción y las buenas prácticas de gobernanza financiera.
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