En un episodio que deja más dudas que certezas, el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó las listas de candidatos para la elección judicial del 1 de junio, pese a que el Senado no corrigió los errores señalados. A pesar de haber otorgado un plazo de 48 horas para subsanar irregularidades, el organismo electoral optó por transparentar el proceso publicando las listas tal como las recibió, exhibiendo así el desorden con el que se está manejando una de las elecciones más delicadas del país.

Las consejeras electorales Dania Ravel y Claudia Zavala difundieron los documentos a través de redes sociales, mientras que la periodista Jannet López Ponce confirmó que la publicación se hizo sin modificaciones, permitiendo que las inconsistencias sean del dominio público y que, en su caso, se interpongan impugnaciones.

Lo preocupante es que entre los nombres propuestos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) figuran personajes con claros vínculos con la 4T, como las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, así como la exconsejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos. También aparece Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra Olga Sánchez Cordero; el abogado cuatroteísta César Mario Gutiérrez Priego, y Marisela Morales Ibáñez, cercana a Felipe Calderón.

Pero lo verdaderamente escandaloso es que la lista incluye a personas que no solo no se postularon, sino que expresamente declinaron participar. Un caso emblemático es el de la consejera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Lilia Mónica López Benítez, quien se enteró de su inclusión en la lista por terceros. “Para mi sorpresa, estoy incluida en esa lista pese a que no me he postulado y, por el contrario, presenté mi declinación ante el Senado”, denunció en redes sociales.

López Benítez no se quedó ahí. Con una postura tajante, rechazó el proceso: “NO a la reforma NI al desaseo que últimamente estamos presenciando”, en referencia al desorden con el que se están manejando las listas.

El viernes, el INE envió un requerimiento al Senado para que resolviera las anomalías detectadas, las cuales incluyen falta de información sobre algunos candidatos, nombres duplicados en distintos cargos y la presencia de aspirantes que no obtuvieron el puesto en las listas legislativas. Sin embargo, en lugar de corregir, el Senado optó por la opacidad.

El panorama es claro: lo que debería ser un proceso institucional y transparente está siendo empañado por irregularidades que ponen en entredicho su legitimidad. La pregunta no es menor: ¿se trata de un error administrativo, de incompetencia o de una estrategia deliberada para beneficiar a ciertos perfiles? En tiempos en los que la confianza en las instituciones está en juego, la forma en la que se maneje este proceso podría definir mucho más que una elección.