La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que la no recontratación de personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no obedece a una postura en contra de los trabajadores, sino que responde a una reestructuración institucional bajo el principio de austeridad republicana.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el INAI fue consolidado como una “institución grandísima” con un presupuesto elevado, por lo que ahora se busca redimensionarlo para destinar recursos hacia otras prioridades del Estado. “No es un asunto preconcebido ni estamos en contra de los trabajadores. Es parte de un proyecto que pretende reducir el gasto burocrático y canalizarlo hacia otros sectores que lo necesitan”, sostuvo.

La mandataria aseguró que quienes no sean recontratados serán liquidados conforme a la ley y, en caso de ser posible, reubicados en otras dependencias. Subrayó que el objetivo es mantener una estructura más compacta que continúe cumpliendo con las funciones de transparencia y protección de datos, pero con un gasto público más racional.

La reducción de personal en el INAI se produce en un contexto de cuestionamientos desde el Ejecutivo hacia los órganos autónomos, señalados por la administración federal como excesivamente costosos y poco eficientes. No obstante, Sheinbaum insistió en que la medida no debe interpretarse como un acto de represalia o debilitamiento institucional, sino como una política coherente con el enfoque de austeridad que ha caracterizado al actual gobierno.

“Lo más importante es dejar claro que esto no es contra los trabajadores”, reiteró, en respuesta a las preocupaciones expresadas por sectores laborales y por parte de la sociedad civil que han visto en esta reconfiguración un posible debilitamiento del sistema de rendición de cuentas.

El rediseño del INAI y su impacto presupuestal reavivan el debate sobre el equilibrio entre racionalización del gasto y la fortaleza de los contrapesos institucionales en México. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de eficiencia y austeridad, diversas voces advierten que estas reformas no deben traducirse en retrocesos para la transparencia ni en la precarización del servicio público.