En un movimiento que busca transformar de fondo las prácticas de contratación pública en México, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un paquete de reformas orientado a erradicar la corrupción y agilizar los procesos de compras y obras realizadas por el Estado.

La nueva Ley de Adquisiciones, explicó la funcionaria, establece como eje central la subasta inversa, un mecanismo de competencia abierta donde las empresas presentan sus mejores ofertas de precio y calidad, desplazando las viejas prácticas de adjudicación discrecional.

La propuesta amplía además las modalidades de contratación directa, aunque bajo estrategias de negociación con controles más estrictos, fortaleciendo las compras consolidadas y la firma de acuerdos marco, con el objetivo de estandarizar precios y condiciones en beneficio del erario.

Un cambio de fondo en la política industrial del gobierno es el aumento del contenido nacional en las adquisiciones, que pasará del 50% al 65%, buscando impulsar la producción local y reducir la dependencia de insumos extranjeros.

“La nueva ley permitirá no sólo mayor transparencia, sino un uso más estratégico del gasto público para el desarrollo del país”, puntualizó Buenrostro, al destacar que las compras gubernamentales se utilizarán como palanca para fortalecer sectores clave de la economía mexicana.

El rediseño normativo contempla también mecanismos de diálogo estratégico con proveedores, la profesionalización de los procesos de compra y reglas más estrictas de control y fiscalización.

La expectativa es que las reformas impulsen mejores prácticas en el uso de recursos públicos y generen un entorno de mayor confianza en la gestión gubernamental, en un contexto donde las compras del Estado representan uno de los principales focos de atención para combatir la corrupción estructural.