La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, explicó la estructura del Poder Judicial de cara a la histórica elección del próximo 1 de junio, en la que por primera vez la ciudadanía participará directamente en la designación de jueces, magistrados y ministros. En total, estarán en juego 881 cargos judiciales, marcando un cambio significativo en la forma en que se integran los órganos de justicia en México.

Godoy precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedará conformada por nueve ministros, quienes serán electos por voto popular a nivel nacional. De acuerdo con el nuevo esquema, la paridad de género será un principio rector, por lo que la Corte estará integrada por cinco mujeres y cuatro hombres, con un periodo de encargo de 12 años. No obstante, aclaró que quienes resulten electos en este 2025 ocuparán el cargo por 11 años, según el número de votos obtenidos en la jornada electoral.

Esta reforma busca acercar el Poder Judicial a la ciudadanía, promoviendo la legitimidad democrática en la selección de sus integrantes y garantizando un equilibrio en la representación de género dentro de la máxima instancia judicial del país.

El proceso electoral del 1 de junio no solo definirá a los nuevos ministros de la Corte, sino también a magistrados y jueces en todo el territorio nacional, en lo que se perfila como una de las transformaciones más relevantes en la historia reciente del sistema judicial mexicano.

La consejera jurídica destacó que este modelo responde al compromiso de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la vida institucional del país, permitiendo que los mexicanos tengan voz directa en la conformación de un poder que tradicionalmente había estado reservado a designaciones internas o propuestas desde otros ámbitos del gobierno.

Con esta elección, se abre un nuevo capítulo en la relación entre la sociedad y el Poder Judicial, bajo la premisa de que la justicia no solo debe ser imparcial y autónoma, sino también reflejo de la voluntad popular y de los principios de igualdad que rigen al Estado mexicano.