La diputada Leticia Ortega Máynez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado de Chihuahua una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para tipificar el delito de acecho, una forma de violencia sistemática que, pese a su persistencia, sigue sin reconocimiento legal en gran parte del país. La propuesta busca cerrar un vacío normativo que impide actuar con oportunidad antes de que las agresiones escalen a situaciones de alto riesgo, como el feminicidio.

La iniciativa contempla adicionar un nuevo Capítulo VIII, denominado “Acecho”, al Título Cuarto del Código Penal, estableciendo que se sancionarán las conductas reiteradas mediante las cuales una persona vigila, persigue, acosa o contacta de forma no deseada a otra, ya sea de forma presencial, digital o a través de terceros. Estas acciones, cuando generan temor fundado en la víctima respecto a su integridad o la de sus seres cercanos, constituirían el nuevo tipo penal.

“Las víctimas se ven obligadas a esperar a que las acciones del agresor escalen a conductas tipificadas más graves, cuando muchas veces ya es demasiado tarde”, expresó Ortega Máynez desde tribuna. La legisladora subrayó que esta reforma pretende anticiparse a la escalada violenta, brindando a las víctimas y a las autoridades una herramienta jurídica de intervención temprana.

La propuesta está sustentada en cifras que revelan la dimensión nacional del problema: más de 10 millones de mujeres han sido víctimas de acecho, especialmente por parte de parejas o exparejas. A pesar de ello, solo cuatro estados del país han legislado sobre el tema, y Chihuahua aún carece de un marco legal que reconozca y sancione esta conducta como delito autónomo.

El texto también contempla agravantes específicas, como el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, el incumplimiento de órdenes de protección, o la existencia de relaciones de poder o vínculos personales entre agresor y víctima, lo que permitiría aumentar las penas hasta el doble.

Desde la óptica legislativa, esta reforma representa un giro fundamental: pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo en el abordaje de la violencia de género. En lugar de esperar a que las víctimas sufran agresiones físicas o intentos de feminicidio, se propone intervenir desde los primeros indicios de violencia estructural y psicológica.

Morena, al presentar esta iniciativa, reafirma su compromiso con una agenda de justicia con perspectiva de género, alineada con los estándares internacionales de derechos humanos que exigen proteger a las mujeres no sólo cuando ya han sido agredidas, sino desde que su libertad e integridad se ven amenazadas.

La propuesta de Ortega Máynez se inscribe en un momento crítico para Chihuahua, entidad que ha registrado niveles persistentes de violencia contra las mujeres y donde el sistema de protección aún presenta deficiencias estructurales. La aprobación de este tipo penal sería un paso importante hacia un marco legal más sensible, preventivo y eficaz frente a las múltiples formas de violencia que siguen normalizándose en lo cotidiano.

En espera de su dictaminación en comisiones, la iniciativa abre un debate necesario: ¿cuánta violencia debe soportar una víctima antes de que el Estado actúe? Esta reforma sugiere que la respuesta debería ser: ninguna.