La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este martes que su gobierno mantiene firme su rechazo a cualquier intento de imponer impuestos a las remesas enviadas por migrantes mexicanos desde Estados Unidos, calificando dicha propuesta como una violación directa a los acuerdos bilaterales y a los principios de no discriminación.

En su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que un grupo de senadores mexicanos se encuentra en Washington D.C. gestionando un diálogo directo con legisladores estadounidenses, ante el posible avance de una iniciativa en la Cámara de Representantes que podría establecer un gravamen a los envíos de dinero hacia México.

“Se espera que esta semana pase por el Congreso, por la Cámara de Representantes, y después iría al Senado. Nosotros no quitamos el dedo del renglón. Seguimos demandando que se cumpla el convenio que tenemos con Estados Unidos, de que no haya doble pago a nuestros hermanos migrantes cuando envíen remesas, y que se respeten los acuerdos de no discriminación”, sostuvo la mandataria.

Las remesas familiares enviadas desde EE.UU. representan uno de los principales flujos de divisas para México, superando incluso a los ingresos por exportaciones petroleras y turismo. Tan solo en 2024, las remesas alcanzaron un récord superior a 65 mil millones de dólares, siendo un sostén directo para millones de hogares mexicanos, especialmente en comunidades rurales y marginadas.

El intento de gravar estos envíos por parte de legisladores estadounidenses —en el contexto de una agenda migratoria restrictiva— ha generado preocupación tanto en sectores diplomáticos como en organizaciones de derechos civiles. Para el gobierno mexicano, cualquier medida de este tipo sería inaceptable y atentaría contra los principios de reciprocidad y respeto consagrados en los acuerdos bilaterales y comerciales, como el T-MEC.

Sheinbaum dejó claro que México no asumirá una postura pasiva y que su administración agotará todos los canales diplomáticos, legislativos y jurídicos para frenar esta propuesta, en caso de avanzar en el Congreso estadounidense. Aunque se trata de un proceso interno del país vecino, subrayó que México tiene “la obligación de proteger a sus ciudadanos en el exterior, en particular cuando su contribución económica y social es tan significativa”.

El pronunciamiento busca enviar una señal contundente: la defensa de las remesas es una prioridad nacional, tanto por su impacto económico como por su carga simbólica y social. El gobierno mexicano se alinea así con organizaciones de migrantes, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que ven en esta propuesta un intento punitivo e injusto contra quienes sostienen a miles de familias a ambos lados de la frontera.

Sheinbaum concluyó que su administración mantendrá vigilancia constante sobre el curso legislativo de esta iniciativa en EE.UU. y reiteró su exigencia de que se respete la dignidad, los derechos y el esfuerzo de la comunidad mexicana migrante.