A cuatro días de que entre en vigor el arancel del 50 % impuesto por Estados Unidos a productos brasileños, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó a su homólogo Donald Trump a reflexionar y sentarse a negociar, advirtiendo que Brasil no cederá en asuntos de soberanía ni judiciales. En un acto en Río de Janeiro, Lula sostuvo que no se puede aceptar una sanción “abrupta e individual” sin que exista diálogo formal entre ambos gobiernos.
El origen del conflicto se vincula a la exigencia de Trump para que Brasil cese los procesos judiciales contra el expresidente Jair Bolsonaro —acusado por golpismo ante la Corte Suprema— como condición para revertir el arancel. Lula descartó tajantemente esa posibilidad, recordando que los asuntos judiciales no son negociables ni atribuibles al Ejecutivo. “El pueblo brasileño no merece ese sacrificio por culpa de Bolsonaro”, sentenció.
Lula también responsabilizó al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, por gestiones en Estados Unidos destinadas a influir en la política exterior de ese país, acción que calificó como “traición”. Señaló que es inaceptable que un político que usó la bandera brasileña para hacer campaña ahora pida sanciones contra su propio país. “Es una falta de vergüenza y de patriotismo”, expresó.
En paralelo, la tensión escaló con la revelación de que EE.UU. habría condicionado la flexibilización del arancel al acceso a tierras raras brasileñas, minerales estratégicos para la industria tecnológica y militar. Lula rechazó de forma contundente cualquier cesión: “Si son tan importantes, los vamos a aprovechar nosotros. No voy a dejar que otros lo tomen”.
El mandatario reveló que su gobierno ya trabaja con empresas privadas para hacer un inventario nacional de los recursos minerales, con la condición de que estos no puedan ser vendidos sin autorización estatal. “Son propiedad del pueblo brasileño”, recalcó.
Desde el sector industrial brasileño, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) hizo un llamado urgente a la sensatez de ambos gobiernos, alertando sobre el alto costo económico que tendría una escalada política. “No existe justificación económica ni comercial para imponer un arancel del 50 % a nuestras exportaciones”, subrayó la patronal, que solicitó al menos una prórroga de 90 días para buscar una solución.
A pesar de múltiples intentos de acercamiento, no se ha establecido hasta ahora un canal oficial de negociación entre Brasilia y Washington. La falta de diálogo mantiene la incertidumbre en sectores clave de exportación, particularmente el agroindustrial, uno de los principales afectados por la medida estadounidense.
La CNI señaló que otros países han logrado acuerdos recientes con Estados Unidos más allá de sus diferencias ideológicas, citando ejemplos que demuestran que es posible alcanzar consensos si se privilegia el pragmatismo. “No podemos permitir que esta disputa comercial se convierta en rehén de una guerra ideológica”, concluyó.
Mientras tanto, el reloj avanza hacia el 1 de agosto, fecha en que podría iniciar una crisis comercial de alto impacto, no solo para la balanza bilateral, sino para toda la estabilidad económica de América Latina. Lula, firme en su discurso, advirtió: “Estamos dispuestos a negociar. Pero Brasil no se arrodilla. Ni ante Trump ni ante nadie”.
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