El feminicidio de Lucero Z., maestra de Hidalgo del Parral, ha generado una profunda indignación social y ha evidenciado una grave omisión institucional por parte del Ministerio Público de la Zona Sur. Pese a las advertencias de la jueza Martha Piñón sobre la peligrosidad del agresor, la agente del Ministerio Público optó por formular cargos únicamente por violencia familiar, decisión que permitió la liberación del agresor, quien días después asesinó a la víctima.

Según confirmó la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), Wendy Chávez, la jueza penal e integrante del Tribunal de Violencia de Género (TEVIOGEN) advirtió durante la audiencia del 15 de mayo que había elementos suficientes para imputar al presunto agresor por tentativa de feminicidio. No obstante, la representante del Ministerio Público decidió mantener la acusación por el delito menos grave, presuntamente por carga de trabajo y limitaciones operativas.

Lucero Z. había denunciado violencia física y verbal el 24 de abril. A raíz de ello, se le otorgaron medidas de protección, que fueron ratificadas judicialmente y consistían en vigilancia preventiva y restricción de acercamiento por parte del agresor. El 15 de mayo se celebró la audiencia de imputación, en la que la jueza vinculó a proceso al imputado, pero bajo libertad condicional. Solo cuatro días después, el 19 de mayo, Lucero fue encontrada sin vida en su domicilio, con signos evidentes de violencia extrema. El dictamen forense confirmó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.

La Fiscalía ha señalado que la principal línea de investigación es feminicidio y mantiene como principal sospechoso a la expareja de la víctima. Durante una rueda de prensa en la sede de la Fiscalía en Parral, la fiscal Wendy Chávez y el fiscal de distrito, Juan Portillo, ofrecieron una cronología del caso y admitieron las fallas del procedimiento penal. Chávez subrayó que, aunque se brindó atención inmediata y se otorgaron medidas cautelares, estas fueron insuficientes ante un agresor que debía haber sido considerado de alta peligrosidad.

El caso ha provocado una ola de cuestionamientos públicos hacia el funcionamiento del sistema de justicia penal en casos de violencia de género, particularmente en cuanto a la falta de perspectiva de género en las decisiones del Ministerio Público y la insuficiente capacidad de respuesta institucional para proteger a mujeres en riesgo.

Este feminicidio expone, una vez más, las deficiencias estructurales del sistema judicial en Chihuahua y la necesidad urgente de reformar protocolos de actuación, así como fortalecer la formación y supervisión del personal del Ministerio Público. La omisión en la calificación del delito, pese a la advertencia judicial explícita, no solo dejó desprotegida a una víctima identificada en riesgo, sino que culminó en su asesinato, situación que podría haber sido evitada.

La exigencia de justicia se ha multiplicado desde diversos sectores, incluyendo organizaciones civiles, familiares y docentes del sistema educativo, quienes demandan una revisión exhaustiva del caso y sanciones ejemplares para quienes incurrieron en negligencia. La maestra Lucero no solo fue víctima de un crimen brutal, sino también de una cadena de omisiones que hoy exige respuestas institucionales concretas.