El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, denunció este martes que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, construyó una presa ilegal dentro de su propiedad privada con el objetivo de acaparar agua en una de las entidades más afectadas por la escasez hídrica en el país. La revelación se dio durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Durante su gestión fue el apoderamiento de cientos de hectáreas que acapararon el agua de alrededor de 700 mil metros cuadrados, utilizados para beneficio personal”, aseguró Morales. La presa fue edificada sin permisos y, de acuerdo con las autoridades, representa un caso claro de uso indebido de recursos naturales en una región donde las comunidades enfrentan carencias estructurales en el acceso al agua.
Además de la construcción irregular de la presa, la Conagua identificó la explotación de aguas superficiales y el uso de pozos sin concesión en la misma propiedad. Estas tomas ilegales fueron clausuradas el lunes como parte de un operativo que incluía el inicio de la demolición de la infraestructura hidráulica. Sin embargo, en un giro que ha provocado inquietud, una jueza federal concedió una suspensión provisional apenas 24 horas después de iniciado el procedimiento, deteniendo los trabajos de demolición.
Morales subrayó que la resolución judicial fue solicitada por los hermanos del exgobernador y obtenida con inusitada rapidez. Más aún, se trata de la misma jueza que previamente bloqueó la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua, lo que ha llevado a funcionarios federales a señalar un posible patrón de protección institucional a favor de intereses ligados al viejo régimen político.
El caso refleja no sólo una disputa sobre la legalidad de una obra hidráulica, sino un conflicto más profundo sobre el control y distribución del agua en un estado donde los recursos hídricos son estratégicos y disputados. En este contexto, las autoridades federales han reiterado su compromiso de garantizar el uso equitativo y legal del agua, así como de combatir cualquier forma de acaparamiento privado, particularmente cuando está asociado al poder político.
Mientras tanto, la Conagua continúa el análisis legal para revertir la suspensión y retomar la demolición de la presa, en un esfuerzo por recuperar el control de los recursos naturales y demostrar que, incluso en los casos más sensibles, la ley debe prevalecer sobre los privilegios heredados.
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