En un reconocimiento inusual por su contundencia, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió este lunes que la extorsión es el único delito que su administración no ha logrado reducir, pese a las tendencias generales a la baja en otros rubros de criminalidad. Frente a ello, anunció la firma de una iniciativa de reforma constitucional que será enviada al Congreso de la Unión con el objetivo de establecer un marco legal uniforme y más eficaz contra este ilícito.
“La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir. Todos los demás van a la baja, pero este sigue aumentando. Es una de nuestras asignaturas pendientes más urgentes”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional, donde también presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
La iniciativa contempla que el Estado mexicano pueda asumir su papel de víctima colectiva ante los actos de extorsión, lo que le otorgaría nuevas herramientas legales para perseguir el delito de forma más efectiva. A ello se suma el rediseño de las unidades especializadas que hasta ahora se enfocaban en el combate al secuestro, y que, bajo esta estrategia, también asumirán funciones para investigar y desmantelar redes de extorsión en coordinación con autoridades locales y federales.
La presidenta explicó que esta medida permitirá acelerar los procesos de investigación desde el momento mismo en que se reciba una denuncia, integrando a las fiscalías estatales y al aparato federal. En paralelo, se fortalecerán los canales de denuncia y el acompañamiento a víctimas, un aspecto clave ante un delito que muchas veces opera en la sombra debido al miedo o al desconocimiento de los mecanismos de atención.
“Cuando una persona o un comerciante es extorsionado, no está solo. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de protegerlo, de actuar con contundencia y de prevenir que estos delitos sigan escalando”, enfatizó Sheinbaum.
El anuncio se da en un contexto nacional en el que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión ha mostrado un comportamiento al alza, particularmente en regiones con fuerte presencia de economías informales o donde el crimen organizado ha diversificado sus fuentes de financiamiento. La fragmentación legal —con tipos penales distintos en cada estado— ha sido señalada por expertos como uno de los principales obstáculos para su combate efectivo.
La presidenta subrayó que con esta reforma y la nueva estrategia se busca no solo armonizar el marco legal, sino construir una política pública integral que incluya prevención, inteligencia, investigación y sanción. “Se acabó el tiempo en que la extorsión era invisible para el Estado. Vamos por quienes lucran con el miedo y paralizan la vida de miles de personas”, sentenció.
De ser aprobada la propuesta en el Congreso, la reforma permitiría una acción coordinada nacional contra la extorsión, reforzando la postura de Sheinbaum de que el Estado debe ser un actor activo, no solo un espectador, frente a uno de los crímenes más silenciosos y destructivos para la vida social y económica del país.
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