Las autoridades federales han confirmado la detención de dos personas en relación con el caso del crematorio irregular descubierto en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se entregaban cenizas falsas a familiares de personas fallecidas. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones continúan y se centran ahora en la identificación de los restos hallados en el sitio.
“Se sabe que a veces entregaban cenizas que no correspondían a los familiares. En muchas ocasiones ni siquiera eran restos humanos, sino de animales. Van dos personas detenidas, y la Fiscalía de Chihuahua mantiene la investigación activa”, declaró García Harfuch este lunes durante su intervención en la conferencia presidencial.
Este caso ha causado una profunda conmoción en la comunidad fronteriza, no solo por la gravedad del engaño a las familias en duelo, sino por las implicaciones éticas y legales que acarrea el manejo irregular de restos humanos. Las autoridades no han detallado el número exacto de cuerpos o restos que podrían haber sido manipulados, pero ya se ha iniciado un proceso de identificación forense para esclarecer los hechos.
La información oficial indica que la Fiscalía General del Estado ha mantenido una comunicación constante con las instancias federales, y se espera que en los próximos días se proporcionen más datos sobre el avance de las indagatorias. Las diligencias incluyen peritajes especializados para determinar la procedencia de las cenizas entregadas, así como la revisión del historial del establecimiento y sus vínculos con otros posibles implicados.
Este tipo de delitos, considerados de extrema gravedad por su carga emocional y simbólica para las víctimas, ha reabierto el debate sobre la necesidad de una regulación más estricta del sector funerario y crematorio en el país, así como de auditorías más frecuentes por parte de las autoridades sanitarias y judiciales.
Hasta ahora, los detenidos no han sido identificados públicamente, y el proceso judicial en su contra se encuentra en fase inicial. Sin embargo, el gobierno federal ha reiterado su disposición a colaborar con la Fiscalía de Chihuahua y garantizar justicia a las familias afectadas.
El caso sigue abierto y podría escalar si se comprueba que hubo complicidad sistemática o negligencia por parte de funcionarios o empresarios involucrados en el manejo del crematorio. Mientras tanto, crece la indignación pública ante un episodio que ha puesto en evidencia una vez más las fisuras en el control de servicios esenciales en momentos de máxima vulnerabilidad humana.
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