El fiscal anticorrupción del estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, confirmó este jueves la existencia de varias denuncias formales en contra del panista y exsenador Gustavo Madero Muñoz, por lo que su nombre figura actualmente en expedientes abiertos y líneas de investigación activas en la dependencia a su cargo. Aunque por el carácter reservado de las diligencias no se han revelado detalles específicos, Valenzuela dejó claro que se trata de casos en curso.
Madero Muñoz, quien ocupó un escaño en el Senado durante el periodo 2021-2024 y anteriormente fue figura clave en el gabinete del exgobernador Javier Corral Jurado, ha sido señalado en el ámbito político por su presunta participación en decisiones que habrían contribuido al aumento de la deuda pública estatal. Estas versiones, alimentadas desde distintos frentes, han derivado en denuncias tanto anónimas como con carácter nominativo, según explicó el fiscal.
“Sí hay algunas denuncias de carácter anónimo y algunas muy específicas que hemos estado atendiendo aún. Pero la respuesta es que sí hay una línea de investigación, aunque no pudiera dar más detalles al respecto”, indicó Valenzuela al ser cuestionado sobre el tema.
Además, el fiscal reveló que prácticamente todo el primer círculo político del sexenio de Corral ha recurrido a lo que calificó como “amparos buscadores”, mecanismos legales con los que buscan blindarse ante posibles acciones penales. El volumen de estos recursos, añadió, ha sido “sorprendente”, lo que da cuenta de la presión jurídica que enfrentan exfuncionarios del gobierno anterior.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo estricta confidencialidad los pormenores de estas investigaciones, pero los señalamientos hacia Madero —empresario y político de largo recorrido dentro del PAN— adquieren una dimensión política significativa, dada su cercanía con el núcleo del poder estatal en la pasada administración. También destaca el hecho de que el propio Javier Corral hoy ocupa una curul en el Senado bajo las siglas de Morena, mientras que antiguos colaboradores suyos enfrentan crecientes cuestionamientos sobre su gestión.
Este nuevo frente judicial se suma a un clima de creciente escrutinio sobre las finanzas públicas de Chihuahua y a la reconfiguración del tablero político local, donde los actores de la última década comienzan a ser citados no solo en las urnas, sino en los expedientes de la justicia. Aunque no se ha emitido todavía ninguna orden en contra del exsenador, su inclusión en los procesos investigativos de la Fiscalía representa un movimiento delicado con posibles repercusiones de largo alcance en el ámbito estatal.
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