El gobierno federal y la administración de la Ciudad de México exigieron este martes la restitución inmediata de las esculturas de Ernesto "Che" Guevara y Fidel Castro, retiradas recientemente por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, acusaron que el retiro de los monumentos se realizó sin autorización legal y calificaron como ilegal cualquier intento de subasta o disposición económica de dichas piezas.
“El patrimonio de México no se subasta, y es una ilegalidad”, afirmó de forma tajante Sheinbaum durante su conferencia matutina. La presidenta recordó que cualquier intervención sobre monumentos o esculturas públicas debe pasar por el Comité de Monumentos, dependiente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, y que las alcaldías no tienen facultades para disponer del patrimonio cultural bajo ningún esquema lucrativo.
Por su parte, Clara Brugada precisó que, desde el momento en que se efectuó el retiro, el Gobierno de la Ciudad de México notificó la irregularidad del acto. “La alcaldesa no cumplió con la norma establecida, que es pedir autorización al Comité de Monumentos. Las alcaldías no pueden rematar, subastar ni hacer ninguna actividad económica con monumentos ni con ninguna propiedad del gobierno”, declaró.
La polémica se encendió tras la intención manifestada por Rojo de la Vega de rifar o subastar las esculturas, argumentando que no representan los valores de los habitantes de la demarcación. La medida fue interpretada desde el Ejecutivo federal como un acto de censura política y como una violación al marco legal que regula el manejo del patrimonio histórico y artístico de la nación.
Sheinbaum hizo un paralelo con el retiro de la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma, señalando que dicho proceso se realizó conforme a los protocolos establecidos: con fines de restauración y posterior deliberación por parte del Comité correspondiente. Esa comisión, recordó, decidió no reinstalar la escultura original a petición de colectivos indígenas, ubicando en su lugar la figura de la Joven de Amajac, símbolo de las mujeres indígenas.
En este contexto, el Gobierno de México y la jefatura capitalina han solicitado formalmente a la alcaldía Cuauhtémoc que devuelva las esculturas retiradas y se abstenga de realizar cualquier acto que comprometa su integridad o propiedad. El caso podría escalar legalmente si no se atienden los requerimientos de restitución y cumplimiento normativo.
Para el gobierno federal, el respeto al patrimonio no es negociable, independientemente de la postura ideológica de las autoridades locales. La intervención arbitraria sobre bienes públicos, sostienen, sienta un precedente peligroso que debe ser frenado con apego a la legalidad.
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