Las recientes declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sobre la situación de violencia en Guadalupe y Calvo han causado indignación entre habitantes de la región serrana, quienes han denunciado una severa ola de criminalidad y abandono institucional. En una polémica intervención, la mandataria aseguró que “no hay enfrentamientos” en el municipio, sino balaceras efectuadas desde los cerros con la única intención de generar una “percepción de inseguridad”, lo que contrasta abiertamente con los testimonios de pobladores y reportes locales.
El pronunciamiento se dio tras la instalación de la Mesa de Seguridad en el municipio, en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno. Según la versión oficial, desde entonces se han efectuado aseguramientos, detenciones y se reportó el abatimiento de dos presuntos sicarios. Asimismo, se confiscaron 34 artefactos explosivos, armamento y cartuchos útiles. No obstante, pese a estos datos, la gobernadora insistió en que lo que se vive no son enfrentamientos reales, sino una estrategia de grupos delictivos para “infundir miedo mediante disparos desde la montaña”.
La postura ha sido considerada por líderes comunitarios y colectivos locales como una forma de minimizar una realidad dolorosa y tangible. En las últimas semanas, habitantes de Guadalupe y Calvo han documentado enfrentamientos armados, desapariciones forzadas y desplazamientos que han afectado a comunidades enteras, sin que las autoridades estatales logren contener la situación. En múltiples ocasiones, los pobladores han solicitado apoyo directo al Gobierno estatal, señalando que la violencia no es solo perceptual, sino vivida.
En paralelo, la mandataria estatal reiteró su compromiso con la instalación del Subcentro Centinela en Guadalupe y Calvo, uno de los 13 proyectados en su estrategia de vigilancia tecnológica. La obra, dijo, ya cuenta con el aval del Cabildo local, y será crucial para extender la red de monitoreo a municipios como Batopilas y Morelos. Sin embargo, voces críticas advierten que la inversión tecnológica, sin una presencia real y efectiva de seguridad en campo, será insuficiente ante la capacidad de fuego y control territorial de los grupos armados.
A pesar del despliegue anunciado por el Estado, la percepción de abandono sigue latente entre los habitantes serranos. Diversas organizaciones han denunciado una desconexión grave entre el discurso oficial y la situación en territorio. En este contexto, la frase de la gobernadora —“no son enfrentamientos, son balaceras en los cerros”— ha sido vista no solo como una falta de empatía, sino como una estrategia de control narrativo ante la crisis de seguridad que se profundiza en la Sierra Tarahumara.
La insistencia del Gobierno estatal en presentar la situación como un fenómeno de percepción podría tener consecuencias graves. Más allá del efecto político, los habitantes de la región exigen respuestas integrales: presencia efectiva de cuerpos de seguridad, respeto a los derechos humanos, apoyo a víctimas y mecanismos claros de prevención. Minimizar la violencia, insisten, no evitará sus consecuencias.
En un momento en que la legitimidad institucional se define en buena medida por la capacidad de escuchar y responder al dolor ciudadano, la narrativa oficial parece estar en franca contradicción con la experiencia vivida de quienes habitan en una de las zonas más golpeadas por la criminalidad en el estado. Y en esa disonancia, se arriesga mucho más que una percepción.
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