El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua anunció que solicitará formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación del hallazgo de más de 385 cuerpos no incinerados en el crematorio “Plenitud” de Ciudad Juárez, argumentando que la magnitud del caso rebasa la capacidad del ámbito estatal.
Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada morenista, informó que en los próximos días viajarán a la Ciudad de México para presentar la solicitud oficial. La petición se basa en los artículos 280 del Código Penal Federal, 13 de la Ley Orgánica de la FGR y 24 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que permiten la atracción de casos por su relevancia nacional.
“No es posible que casi 400 cuerpos permanezcan sin ser entregados sin que alguna autoridad lo haya notado. Esta situación requiere una investigación seria, imparcial y a fondo, en el ámbito federal”, sostuvo Estrada.
La presidenta del Congreso estatal, Elizabeth Guzmán Argueta, enfatizó la urgencia de que la investigación avance sin dilaciones ni encubrimientos: “Este caso no puede quedar impune. Buscamos que se esclarezca qué autoridades pudieron haber actuado con omisión o incluso complicidad”.
Por su parte, la diputada María Antonieta Pérez Reyes recalcó el nivel de incertidumbre que enfrentan las familias afectadas: “Más de mil personas han acudido a la Fiscalía para saber si en verdad las cenizas que recibieron pertenecen a sus seres queridos. Para muchas familias, esto ha sido una pesadilla”.
La legisladora Rosana Díaz expresó su solidaridad con los deudos y cuestionó la insensibilidad de las autoridades estatales: “La falta de empatía ha sido dolorosa e inaceptable. Muchas familias están reviviendo el duelo sin respuestas claras”.
En la misma línea, la diputada Jael Argüelles denunció la posible omisión de organismos como Coespris, que —dijo— han intentado deslindarse de su responsabilidad. “La ley es clara: los cuerpos deben ser incinerados o desintegrados en un máximo de 48 horas. Alguien debe responder por el incumplimiento sistemático de esa norma”.
Finalmente, el diputado Pedro Torres advirtió que el caso trasciende a las víctimas directas y pone en duda la regulación institucional en Chihuahua: “Las autoridades insisten en minimizar los hechos, pero estamos ante una cadena de irregularidades que debe investigarse con rigor”.
Los legisladores aseguraron que el caso refleja una crisis institucional más profunda, y reiteraron que solo una intervención de la FGR permitirá avanzar con celeridad en la identificación de los restos, la reparación del daño y la sanción a los responsables.
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