Marco Quezada y Miguel La Torre denuncian presunta red de corrupción en contratos de luminarias en Chihuahua: piden auditoría ciudadana

En una acusación que podría marcar un punto de inflexión en la fiscalización ciudadana sobre el gasto público en Chihuahua, los morenistas Marco Quezada y Miguel La Torre denunciaron este lunes una presunta red de corrupción en torno al programa de modernización del alumbrado público, cuya inversión ya supera los 923 millones de pesos. En conferencia de prensa, ambos excandidatos —quienes obtuvieron respaldo relevante en los comicios pasados— exigieron una auditoría ciudadana sobre los 17 contratos firmados por el Gobierno Municipal con empresas proveedoras, entre ellas, Sparkio y TLT.

Según detallaron, la empresa Sparkio, originaria de Quintana Roo, habría modificado su objeto social y triplicado su capital social en cuestión de semanas, lo que levantó sospechas sobre un posible diseño a modo para adjudicarse los contratos. “¿Cómo supieron que necesitarían exactamente 15 millones de pesos? Es evidente que hubo información privilegiada”, cuestionaron los denunciantes.

La acusación no se limita a las condiciones contractuales. De acuerdo con Quezada y La Torre, los beneficios obtenidos por esta inversión resultan desproporcionadamente bajos en comparación con el gasto público comprometido. Según sus cálculos, el supuesto ahorro energético generado por la renovación de luminarias apenas alcanza los 16 millones de pesos, cifra que contrasta de manera abismal con los casi mil millones de pesos desembolsados.

Además, señalaron como agravante el incremento del 55% en el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), lo que ha generado un impacto económico directo en las familias chihuahuenses, quienes —afirman— están pagando más en sus recibos pese a las promesas de eficiencia energética. Presentaron ejemplos específicos de recibos donde el cobro del DAP refleja un alza injustificada, lo que profundiza el malestar ciudadano y mina la credibilidad de la administración municipal.

Los morenistas enfatizaron que esta denuncia no tiene un fin exclusivamente político, sino que responde al compromiso ético de representar a los votantes que les otorgaron su confianza. “Tenemos la calidad moral para exigir cuentas claras. Este no es un ataque político, es una exigencia legítima en nombre de la ciudadanía”, declararon. Recordaron que no es la primera vez que exhiben irregularidades: en meses anteriores, ya habían señalado anomalías en el Instituto Municipal de Pensiones (IMPE).

En este contexto, hicieron un llamado a la Auditoría Superior del Estado y a la sociedad civil organizada para revisar a fondo los contratos, licitaciones, ampliaciones presupuestales y criterios técnicos del programa de luminarias. “Lo que aquí se ha configurado —insistieron— parece un esquema de simulación institucional para favorecer a ciertos intereses privados, a costa del patrimonio público.”

Hasta el momento, el Gobierno Municipal de Chihuahua no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos, aunque la presión social y mediática ha ido en aumento. Se prevé que en los próximos días se intensifiquen las solicitudes de información pública y que el tema escale en la agenda local.

La denuncia de Quezada y La Torre pone en evidencia las debilidades en los procesos de fiscalización municipal y la necesidad urgente de mecanismos más robustos de control ciudadano. De comprobarse las irregularidades, no solo estarían en juego posibles actos de corrupción, sino también la legitimidad del discurso de modernización con el que se promovió el proyecto.

En un entorno donde la opacidad aún encuentra resquicios para operar, esta denuncia cobra valor por el rigor de los datos presentados, el contexto de vigilancia pública y la presión política que representa. Chihuahua, como otros municipios del país, enfrenta el reto de demostrar que el desarrollo urbano no puede construirse sin transparencia ni rendición de cuentas.

La propuesta de una auditoría ciudadana independiente podría ser un precedente para empoderar a la ciudadanía en la supervisión de obras públicas de gran envergadura. En una época donde la legitimidad política se mide también por la forma en que se ejerce el gasto público, este caso será observado con atención tanto por organismos de fiscalización como por la opinión pública local y nacional.