La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un informe sobre el proceso legal que el Gobierno de México mantiene contra una empresa británica por el incumplimiento en la entrega de mil ventiladores adquiridos durante la emergencia sanitaria por covid-19 en 2020.
Buenrostro explicó que el contrato fue firmado el 4 de abril de 2020 por el entonces director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), con la promesa de entrega inmediata de los ventiladores. El 13 de abril se realizó el pago total por mil 416 millones de pesos, y la empresa se comprometió a entregar los equipos médicos a más tardar el 28 de ese mismo mes. No obstante, desde el 30 de abril comenzaron los retrasos y el 8 de mayo el gobierno mexicano exigió formalmente la devolución del dinero, junto con los intereses generados.
Debido a la falta de respuesta y a la ausencia de reembolso total, en 2021 se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual sigue bajo investigación. Asimismo, debido a que el contrato se firmó bajo jurisdicción inglesa, se inició un juicio en Londres por el delito de engaño, con el despacho Peter Peters representando legalmente al gobierno mexicano.
En paralelo, Buenrostro abordó el caso de los ventiladores de la marca Philips, también adquiridos durante la emergencia sanitaria. Detalló que ante la escasez global de equipos médicos en los primeros meses de la pandemia, se compraron 2,000 ventiladores Philips por parte de distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Estos aparatos fueron habilitados para uso de emergencia mediante un registro sanitario especial, ya que no contaban con el registro convencional requerido por Cofepris.
Recientemente se reactivó la revisión del caso, luego de que se detectara que la empresa intentaba seguir comercializando los ventiladores a través de plataformas digitales. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios inició una nueva investigación, ya que estos equipos ya no cumplen con los requisitos para su comercialización en el país.
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